COLOMBIA

La Sexta Brigada del Ejército colombiano

La Sexta Brigada del Ejército colombiano

Masacró hace un año a cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, en un
operativo que las autoridades se apresuraron en calificar de un ERROR MILITAR
[1], sin esperar siquiera los resultados de los dictámenes de medicina legal. Al
parecer, en el trasfondo de estos ataques y de los desplazamientos ocasionados
están los megaproyectos "ecoturísticos", geomineros y viales, como el
denominado "Túnel de La Línea". Hasta la fecha, la impunidad se ha impuesto
sobre la reclamación de justicia por parte de los familiares de las víctimas y
la sociedad entera, recuerda el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" en
comunicado de prensa enviado a la redacción de ANNCOL en Estocolmo.

10.04.2005 [Comunicado de Prensa] Hoy se cumple el primer aniversario de la
masacre ocurrida en la vereda Potosí del municipio de Cajamarca (Tolima), en la
que murieron los jóvenes ALBEIRO y NOLBERTO MENDOZA REYES, YAMILE URUEÑA, JULIO
CESAR SANTANA y el bebé de 6 meses de nacido CHRISTIAN ALBEIRO MENDOZA URUEÑA a
manos de miembros de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. Transcurrido este
tiempo los autores del hecho se encuentran en libertad y vinculados aún a las
Fuerzas Militares.

Hasta la fecha, la impunidad se ha impuesto sobre la reclamación de justicia por
parte de los familiares de las víctimas y la sociedad entera.

En esta fecha la comunidad cajamarcuna junto con organizaciones sociales y de
derechos humanos del Tolima realizarán una ceremonia religiosa, un acto cultural
y el Foro de Derechos Humanos "Verdad, Justicia y Reparación".

A continuación hacemos una reseña de los principales hechos que rodean este
caso:

El 10 de abril de 2004, el país se conmovió con la ocurrencia de la muerte de
cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, a manos del ejército en un
operativo que las autoridades se apresuraron en calificar de un ERROR
MILITAR[1], sin esperar siquiera los resultad os de los dictámenes de medicina
legal.

La Fiscalía pese a hacer el coro tempranero sobre la ocurrencia de un "error
militar", reclamó la competencia de la investigación, la cual finalmente es
atribuida a la Justicia Penal Militar por decisión del Consejo Superior de la
Judicatura.

Los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
establecieron que una de las víctimas murió por disparo de arma de fuego
realizado a menos de 60 centímetros tal como fue conocido a través de los medios
masivos de comunicación, lo cual desvirtuó de plano la versión militar de haber
disparado sus armas en medio de la oscuridad de la noche, bajo el "error
invencible" de creer que los campesinos eran guerrilleros que los atacaban.

Una vez la Fiscalía conoció este dictamen provocó nuevamente la COLISION DE
COMPETENCIA para que el caso fuera trasladado a la justicia ordinaria.
Finalmente a finales del mes de enero del presente año, el Consejo Superior de
la Judicatura ordenar la remisión de la investigación a la Fiscalía General de
la Nación.

Recientemente se ha ordenado el traslado del proceso a la Unidad Nacional de
Derechos Humanos con sede en Bogotá.

La opinión pública desconoce que la masacre de Cajamarca estuvo precedida de
otras situaciones muy graves que constituyen en su conjunto una generalizada y
sistemática violación de los derechos humanos en la región. Se establece una
relación entre las detenciones masivas ocurridas en agosto de 2003, las
desapariciones de noviembre del mismo año, el hurto del ganado de las personas
desplazadas de la vereda Potosí y la masacre perpetrada hace un año en dicha
vereda. De los hechos se deduce la responsabilidad de miembros de la Fuerza
Pública, tal como los medios de comunicación lo han registrado.

Como puede apreciarse, la situación de inseguridad y de violación de los
derechos fundamentales de la población parece obedecer a un patrón de represión
que las autoridades deben investigar a profundidad. Al parecer, en el trasfondo
de estos ataques y de los desplazamientos ocasionados están los megaproyectos
"ecoturísticos", geomineros y viales, como el denominado "Túnel de La Línea".
Para rematar, testigos y familiares de las víctimas han sido objeto de amenazas
y hostigamientos, razón por la cual, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha hecho un llamado perentorio al Estado colombiano para que tome todas
las medidas necesarias para asegurar sus integridad física y el goce de sus
derechos fundamentales.

Es una obligación del Estado establecer toda verdad de lo que viene ocurriendo
en Cajamarca y sus municipios aledaños en materia de derechos humanos, así como
sobre los hechos de noviembre de 2003 y de abril de 2004. Es obligación del
Estado individualizar y sancionar ejemplarmente a los autores materiales, los
autores intelectuales y promotores. La comunidad Cajamarcuna debe ser reparada
integralmente por el Estado debido a que ha sido profundamente afectada de forma
directa en este tenebroso camino de la sistemática violación de los derechos
humanos y la impunidad. Por su parte, sobre la Fiscalía y la Procuraduría
recaen principalmente esta s deudas con Colombia y la comunidad internacional.
Ojalá la impunidad no se enseñoree y la verdad y la justicia brillen con luz
propia.

[1] El Presidente de la República, la Cúpula Militar, la Fiscalía General de la
Nación, entre otros.

“Los resultados del “Plan Patriota”

“Los resultados del “Plan Patriota”

No se puede desconocer que el “Plan Patriota” se erige hoy como el más
contundente argumento de que la salida al conflicto interno de Colombia no pasa
por la ilusión del aplastamiento militar, ni por la intervención estadounidense,
ni mucho menos, por la estúpida descalificación del adversario. Pasa sí, por el
racional emprendimiento de la solución diplomática con cambios estructurales,
por el diálogo entre las dos partes contendientes, con la participación del
pueblo, y con la garantía de que esta vez el Estado no desestimará las opiniones
de éste, como en las Audiencias Públicas de San Vicente del Caguán, escribe Iván
Márquez integrante del Secretariado de las FARC en misiva enviada a la redacción
de ANNCOL en Estocolmo.

12.04.2005 [ANNCOL/www.anncol.org] A continuación el análisis del comandante
de las FARC, Iván Márquez sobre los resultados del “Plan Patriota”

***

El “Plan Patriota” del Comando Sur ya alcanzó el punto de convergencia de sus
ilusiones. Sus Divisiones militares ya ocuparon las coordenadas de su máximo
objetivo. Ahora están en el pantano que querían, hundiéndose con todas sus
potencias aéreas, terrestres y tecnológicas.

Atrás quedaron muertos y semienterrados centenares de soldados y mandos medios,
los que no tuvieron la suerte de los mutilados y de otros muertos, que
regresaron en Black Hawk del infierno creado por la contumacia guerrerista de un
gobierno y un imperio violentos.

Los rubios generales que hablan inglés lograron el objetivo y lo exhiben en sus
manos vacías. Tal vez deban estudiar un poco más en sus academias el no
subestimable asunto de la guerra de guerrillas en Colombia, evitando sus necias
extrapolaciones de experiencias.

Nos invade el pálpito que ante la táctica invencible de guerra de guerrillas
móviles, potenciada infinitamente por la rapidez y la sorpresa, el movimiento en
masa de los batallones en la selva, lento y aunque con poder de fuego, terminará
coronado como resonante esfuerzo estéril.

Lo hemos pensado largamente y no nos queda alternativa: tenemos que aplaudir a
este Presidente que reitera a cada rato, con toda la determinación que lo
caracteriza, que sus tropas llegaron a la selva para quedarse. Ojalá permanezcan
allá por los siglos de los siglos para bien de la causa del pueblo.
Los numerosos helipuertos abiertos como rotos en la profundidad de la selva y
hasta los globos aerostáticos de la inteligencia suspendidos sobre el manto
verde, pueden quedarse allí como monumentos perennes a la obstinación y
terquedad militaristas.

Esas Divisiones avanzando en hileras de 300 hombres, con un cubrimiento frontal
de hasta 5 y 8 kilómetros, el estremecimiento de la selva por el fiero
bombardeo, y esas operaciones diurnas y nocturnas de los Halcones Negros
desembarcando tropas al impulso de la quimera de un ataque sorpresivo a la
guerrilla por la retaguardia, sin duda han contribuido a forjar y acerar al
guerrillero de la ofensiva final.

¿Qué podrá detener al pueblo en armas, ahora que la maniobra y el fuego poderoso
del enemigo le ha prodigado el bien inestimable de la experiencia extrema?.

En estos resultados del antipatriota plan es insoslayable registrar la gran
tragedia humanitaria provocada por los desafueros del gobierno fascista, las
masacres, las desapariciones, las redadas masivas, el sitio o bloqueo a las
regiones, los 3 millones de campesinos desplazados, y esa maldita economía de
guerra, que le quita el pan de la boca al pueblo.

No se puede desconocer que el “Plan Patriota” se erige hoy como el más
contundente argumento de que la salida al conflicto interno de Colombia no pasa
por la ilusión del aplastamiento militar, ni por la intervención estadounidense,
ni mucho menos, por la estúpida descalificación del adversario. Pasa sí, por el
racional emprendimiento de la solución diplomática con cambios estructurales,
por el diálogo entre las dos partes contendientes, con la participación del
pueblo, y con la garantía de que esta vez el Estado no desestimará las opiniones
de éste, como en las Audiencias Públicas de San Vicente del Caguán.

El retorno de los gobernantes delincuentes

El retorno de los gobernantes delincuentes

Corrupción e impunidad en el Ecuador. Abdalá Bucaram, que en sólo seis meses de
permanencia en el Gobierno sumió al país en un caos interminable: Cuarenta
millones de dólares se festinaron en la compra de un millón de mochilas
escolares que nunca llegaron al Ecuador. El Plan de Vivienda "Un solo toque"
parecía un solo lleve. También el ex Presidente Gustavo Noboa se ha beneficiado
de una providencia, tomada en 30 minutos, que resolvió la nulidad de los juicios
instaurados en su contra por la entrega ilegal de 58 millones de dólares,
escribe el profesor de la Universidad Central del Ecuador y ex vicepresidente
del Congreso Nacional ecuatoriano, Salgado Tamayo.

13.04.2005 [Manuel Salgado Tamayo/www.anncol.org] Entre incrédulo y
estupefacto el pueblo ecuatoriano ha mirado el retorno de los fantasmas del
pasado que simbolizan una categoría social casi imposible de encontrar en la
historia Patria: la de los gobernantes delincuentes. Un oscuro Presidente de una
Corte Suprema de Justicia de facto: el "Pichi" Castro, ha liberado de los cargos
de dolo, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y concusión al
exvicepresidente Alberto Dahik que huyó del país el 11 de octubre de 1995, luego
de que el Presidente de la Corte Suprema de entonces, Carlos Solórzano, ordenará
su detención preventiva y arraigo. Por esos misterios que tiene la democracia
representativa nunca sabremos ¿ qué hizo Dahik con los 12.724 millones de
sucres( 5'089.600 dólares al cambio de la época) que desaparecieron de la Cuenta
de Gastos Reservados, entre 1992 y 1995?

La ausencia de una verdadera justicia en el Ecuador nos impedirá saber cómo fue
posible que el Vicepresidente use 12 mil millones de sucres como dinero de
bolsillo en medio de un pueblo que sobrevive en una hambruna permanente.

El segundo liberado de culpas ha sido Abdalá Bucaram, que en sólo seis meses de
permanencia en el Gobierno sumió al país en un caos interminable: Cuarenta
millones de dólares se festinaron en la compra de un millón de mochilas
escolares que nunca llegaron al Ecuador. El Plan de Vivienda "Un solo toque"
parecía un solo lleve. Uno de los hijos del Presidente conmocionó a la opinión
pública con la celebración del primer millón de dólares robados en las aduanas.
La violencia de un Ministro sicópata Alfredo Adoum fue la hoja de parra para
ocultar el robo a manos llenas de los recursos petroleros.

También el ex Presidente Gustavo Noboa se ha beneficiado de una providencia,
tomada en 30 minutos, que resolvió la nulidad de los juicios instaurados en su
contra por la entrega ilegal de 58 millones de dólares a Filanbanco y el Banco
del Pacífico y el pago de 42 millones dólares a la firma Salomón Smith Barney,
empresa encargada de renegociar la deuda externa.

Ahora se habla también de que el Pichi Castro y Lucio Gutiérrez habrían decidido
incluir en el combo de la impunidad a Yamil Mahuad y a los hermanos Isaías
actores directos del más grande atraco bancario cometido en la historia del
Ecuador por el que se esfumaron unos 8.000 millones de dólares. Se cerraría así
la irrupción multiforme de lo corrupto que anularía los mínimos espacios de
justicia y dignidad que parecían quedar en este régimen.

Parece ser que al Coronel Presidente de las traiciones, que ha negado una por
una sus promesas de campaña electoral, le quedaba pendiente la tarea abyecta y
nauseabunda de bendecir a los malditos, hacer amable la lepra y honrar a los
ladrones, como diría omnisciente William Shakespeare.

¿Cómo fue posible este retorno de la podredumbre?

¿Quiénes, además de las marionetas de Carondelet y la Corte, hicieron posible
esta desmoralización nacional? ¿Cómo y cuándo fueron desbordadas las fuerzas
morales de la República?

¿Cómo entender las peripecias de un nación en la que las instituciones de
control y justicia forman parte de los complotados a favor de la impunidad?

La justicia imposible ya fue condenada y mereció un mandato en la Consulta
Popular de 1997 cuando el pueblo soberano dispuso la profesionalización y
despartidización de los Ministros de la Suprema Corte. Fue una mayoría de
diputados integrada por socialcristianos, idecos y demócrata populares la que se
burló de la voluntad soberana imponiendo la Corte y el Ministerio Fiscal que
permitieron la retirada y la fuga de los banqueros y los gobernantes que
perpetraron el gran asalto nacional de 1999.

El Coronel también traicionó la promesa de combatir la corrupción y se entregó
en cuerpo y alma, durante los primeros dos años de su gobierno, a la poderosa
mafia socialcristiana y el Padrino Febres Cordero. Cuando éste terminó su labor
de trapiche, como suele decir Roldós, y quizó dar un golpe de Estado desde el
Congreso, con la complicidad de la ID y Pachakutik, se armó la otra mayoría
parlamentaria encabezada, por el Gobierno, el PRE y el PRIAN, que, para tentar
incautos, desplumaron las Instituciones del Estado y se repartieron el Tribunal
Constitucional, el Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. ¿ Se libró
alguna fuerza política del poder corruptor de este reparto? Que los estudiantes
y los estudiosos pidan las actas e investiguen la integración, nombre por
nombre, de esos organismos.

¡Cuidado que la anomia y el olvido nos destruyan a todas y todos! Emil Durkheim
decía que la anomía aparece cuando no hay voluntad ni institucionalidad capaz de
atajar y sancionar a la corrupción.

Cuidado nos asalte la enfermedad del olvido y alguien pueda decirnos: "Nuestros
muertos somos nosotros y por eso no aprendemos las lecciones del pasado, sino la
eternidad del retorno de lo mismo". Hay señales e indicios de que una luz se
prende en la conciencia nacional de millones de compatriotas que no aceptan como
destino la corrupción y la impunidad, pero que además no están dispuestos a
inclinar la cabeza ante la coyunda colonial de la Base de Manta que nos empuja a
la guerra fratricida con la Colombia insurgente o al futuro inadmisible de ser
territorio con moneda extranjera y un TLC que liquide y anule las posibilidades
de independencia y progreso de la Patria.

A las mujeres y los hombres, a la juventud no contaminada de mi Patria le digo
con el General Eloy Alfaro:

La hora más oscura en la más próxima a la aurora.

De narcotraficantes y secuestros

De narcotraficantes y secuestros

Los verdaderos narcotraficantes están saliendo a la luz pública.
Narcoembajadores, esposas de oficiales, mercenarios y oficiales gringos
involucrados en casos de narcotráfico, muestran algo más que una tendencia. La
mafia de la Casa de Nariño exporta el delito a Centroamérica, escribe el
analista, Allende la Paz.

05.04.2005 [Allende La Paz/ANNCOL/www.anncol.org] Hay hechos que van mostrando
el rumbo de la política. Ya Marx planteaba que a los hombres se les juzga por lo
que hacen, no por lo digan o piensen de sí mismos. Nada más cierto. Y si lo
aplicamos en los momentos actuales al imperio y su mafia narcoparamilitar
inquilina del Palacio de Nariño, es una verdad absoluta.

El “sanbenito” de la guerra contra las drogas

El imperio gringo utiliza el sanbenito de la “Guerra contra las drogas” como una
cortina de humo para ocultar sus verdaderas intenciones. Durante la “guerra
fría” fue evitar la expansión del comunismo. Como si los pueblos optaran por tal
o cual sistema de gobierno o sociedad porque “les da la gana” y no por
condiciones histórico-concretas. Así tildaban a los opositores al capitalismo de
“comunistas” y la persecución era salvaje, incluso al interior de las propias
fronteras, como el tristemente célebre McCartismo.

Con la caída del “socialismo real”, marcado por el derribamiento del “Muro de
Berlín” otrora convertido en símbolo propagandístico por los medios de
comunicación capitalistas, el argumento del peligro del “comunismo” queda sin
piso. Señalamos que era tal la tergiversación de los planteamientos del
comunismo, que se mostraba, por ejemplo, a Fidel Castro, como un ser que “comía
niños”.

Tras la derrota que les infringió el heroico pueblo Vietnamita, revisan sus
teorías y definen que el nuevo enemigo son “las drogas y el terrorismo”. Ello
queda plasmado en la Doctrina del Conflicto de Baja Intensidad y los Documentos
Santa Fé.

Los verdaderos narcotraficantes

Así, tras esa cortina de humo, mantienen la injerencia en nuestros países. Claro
que para hacerlo cuentan con el sometimiento de los “indios cipayos” que dicen
ser de la clase oligárquica, como la colombiana. Que ha permitido
vergonzantemente que los embajadores gringos, como Lewis Tambs, o Myles
Frechette, o el actual Mr. Woods, actúen como procónsules en tierra colombiana.

Pero, como dicen mis viejos ancestros, “no hay mal que dure cien años, ni pueblo
que lo resista”. Ahora está saliendo a la luz pública quiénes son los verdaderos
narcotraficantes. Primero fue develado que el embajador Lewis Tambs –quien se
hizo famoso por acuñar el término de “narcoguerrilla”- en funciones en
Nicaragua, embarcaba Coca en ese país, a fin de allegar dólares para los
contrarrevolucionarios, caso conocido como “Irán-Contras”.

Después, la esposa del agregado militar de la embajada USA en Colombia,
embarcaba heroína para su país; y al parecer fueron bastantes kilos.

Ya con la implementación del Plan Colombia, mercenarios de la DynCorp –una
empresa de mercenarios que tenía (o tiene?) contrato con el gobierno de USA para
adelantar misiones del Plan Colombia- fueron “descubiertos” con varios kilos de
coca en pleno aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Ahora son los propios militares estadounidenses los que están implicados en
narcotráfico; “dieciséis kilos” según reconoce el Comando Sur, enviados por seis
de sus oficiales que adelantaban misiones de “Instructores Anti-narcóticos” en
Colombia, los cuales están “detenidos en algún lugar del territorio de Estados
Unidos”, según versión del diario oligárquico El Tiempo, vocero de la mafia de
la Casa de Nariño.

Los narcotraficantes colombianos

El narcotráfico se volvió un negocio, primeramente el de la marihuana en los
años 70, durante la administración del “compañero-compañero” López Michelsen.

Posteriormente la mafia se nuclea y comienza a exportar coca para los USA,
conformándose dos carteles, el de Medellín y el de Cali. Los Carteles extienden
sus tentáculos y permean la vida de los colombianos. Son comprados diferentes
personajes e instituciones del país.

Ministros que le pedían –y piden- permiso a los capos narcos. Jueces y
magistrados que “dictaban –y dictan- sentencia” acordes con la cantidad de
dólares que ingresaran a sus bolsillos. Políticos que eran –y son- financiados y
elegidos por los capos narcos. Instituciones financieras que lavaban –y lavan-
los dineros del negocio narco.

Candidatos presidenciales –posteriormente elegidos presidentes- que recibían los
dineros calientes del narcotráfico, como Ernesto Samper Pizano, o pertenecientes
a los Carteles, como el caso del “doptor Varito” Uribe Vélez -perteneciente al
Cartel de Medellín- quien continúa ligado y actuante con las mafias y bajo su
gobierno ha nucleado los más de 400 minicarteles en uno solo: El Cartel de la
Casa de Nariño. (Recomendamos a nuestros lectores el libro: Biografía No
Autorizada de Álvaro Uribe Vélez, de Joseph Contreras y Fernando Garavito, para
que conozcan en detalle su pertenencia al Cartel de Medellín).

El secretario privado del “doctor Varito” coordina las relaciones con los
minicarteles de narcotraficantes y maneja cuentas secretas en diversos bancos,
dineros provenientes de las actividades ilícitas del Cartel de la Casa de
Nariño, las cuales van desde narcotráfico hasta secuestros, según denuncia un
periodista venezolano, el cual se ha constituído en el mayor cartel de todos.

Exportadores del delito

La mafia de la Casa de Nariño no muestra ningún empacho en exportar el delito a
otros países. Envían toneladas de coca y heroína a USA y los países europeos.
Secuestran dirigentes políticos populares –de la insurgencia y de la no
insurgencia u opositores políticos a su régimen mafioso- casos de Simón Trinidad
(Quito), Rodrigo Granda (Venezuela), Pedro Mosquera (Venezuela), Chema Balas
(Venezuela); así como exportación de la contrarrevolución narcoparamilitar a
Venezuela.

Induce al delito a militares venezolanos mediante la compra de su conciencia
(delito de Traición a la Patria, secuestro), así como compra la conciencia de
funcionarios de la DIS costarricense (Marcos Badilla Chavaría y un agente
llamado Fernando) y de un periodista del canal Teletica que monta un reportaje
tendencioso que falta a la verdad, en la persecución de un médico refugiado
colombiano.

En su delirio delincuencial, tras la cortina de humo de combatir el terrorismo y
a las FARC, utiliza a funcionarios de Honduras y los convierte en sus
altoparlantes para que denuncien “la presencia de células guerrilleras de las
FARC” en ese país, pretexto a la vez utilizado por estos funcionarios para
adelantar una auténtica cacería de brujas contra sus dirigentes sindicales y
populares. (Habría que investigar si las cuentas bancarias de estos funcionarios
hondureños no se han engordado en estos días por dineros venidos ya sabemos de
donde: el narcotráfico del Cartel de la Casa de Nariño).

En continuidad de sucesos raros en Costa Rica se da el secuestro de un refugiado
en Costa Rica –fallido por cuanto se les escapó cuando iban vía a Limón para
llevarlo a Colombia- y no sabemos hoy las causas de tal suceso, aún no aclarado
por las autoridades de ese país.

Solicitud de extradición

Así las cosas, la re-elección del “doptor Varito” cada día está más entrabada.
Si la Corte no se deja comprar por los “dineros calientes” de la mafia de la
Casa de Nariño –cosa que se verá si declara inconstitucional la reelección- se
habrá cerrado el paso “al golpe de Estado” perpetrado desde el Parlamento
narcoparamilitar colombiano.

Si la Corte declara constitucional tal aberración jurídica, lo que seguirá será
lo que siempre ha propuesto el “doptor Varito”: Guerra, guerra. Para así
satisfacer su deseo de venganza irracional, ya sabemos por qué causa. Porque un
“doptor Varito” creyéndose avalado por sus amos imperiales –no sabiendo que lo
están utilizando para cuando ya no lo necesiten más, meterle “tres cadenas
perpetuas más cien años”-, por el poder judicial y con un parlamento
narcoparamilitar, amén de sus fuerzas militares-narcoparamilitares, va a creerse
con poder para meterse con todo el mundo, al mejor estilo del führer. Heil,
Hitler!!!

El movimiento popular tendrá entonces que seguir desarrollando “la combinación
de todas las formas de lucha de masas”, incluyendo claro está la lucha armada
insurgente. Las fuerzas populares y de izquierda deberán, además de desarrollar
su lucha político-ideológica, desarrollar una lucha jurídica, solicitando en
extradición a todos los ciudadanos estadounidenses que han delinquido exportando
coca desde Colombia hacia su propio país, a fin de someterlos a la justicia
popular revolucionaria de la Nueva Colombia.

¿Qué tal si las FARC solicitan a los Estados Unidos la extradición hacia
Colombia, de los de la DynCorp y los militares USA por tráfico de drogas? ¿Qué
tal si las FARC solicitan a España –país al que se van los expresidentes
colombianos, yo no se por qué- la extradición del “doptor Varito” (una vez deje
de ser el inquilino mafioso de la Casa de Nariño y se vaya a “descansar” a ese
país) hacia Colombia por variados delitos entre los cuales señalamos la
asociación para delinquir, el tráfico de drogas y delitos de Lesa Humanidad?
Porque las FARC bien pueden hacerlo ya que representan el poder alternativo en
Colombia.

Agárrame ese trompo en la uña, Toño !!!

Las dos Colombias en el mundo diplomático

Las dos Colombias en el mundo diplomático

Rodríguez Zapatero anunció su disposición de facilitar un proceso de paz con la
guerrilla mientras Uribe cerró las puertas, otra vez. “La democracia generosa”,
como decía ignorantemente Zapatero, ha creado ese monstruo que ahora esta
“saliendo a flote” de las fosas comunes en San Onofre. Los paramilitares,
tildados por Human Rights Watch como “La 6ª División” en su informe de 2003 [el
ejercito tiene cinco] son responsables de innumerables matanzas, escribe Sally
Morales.

01.04.2005 [Sally Morales/ANNCOL/www.anncol.org] El jefe del estado español
declaró durante sus siete horas de visita a Colombia su total disposición para
facilitar un proceso de paz entre el estado colombiano y la insurgencia. Pero
Uribe cierra las puertas por las posiciones intransigentes.

La presidencia ha estado disparando comunicados, utilizando las declaraciones de
Zapatero, para tratar de manipular a la opinión nacional e internacional con
respecto al panorama colombiano.

“Se pueden conseguir todas las causas, todos los ideales, que solo pueden ser
nobles si son democráticos con la palabra, con la democracia, y yo estoy seguro
que la sociedad colombiana es una sociedad generosa y su democracia generosa
como lo es el Gobierno del presidente Uribe”, decía Zapatero en una de sus
declaraciones.

El mismo día de las palabras de Zapatero en el congreso colombiano, el diario El
Tiempo publicó un artículo “suave” sobre las macabras matanzas en el municipio
San Onofre, del departamento del Sucre, en el norte de Colombia. Los “aliados
uribistas” y los defensores del Estado colombiano, los escuadrones de la muerte
cuyos jefes en la organización paramilitar AUC, en este momento están tratando
de conseguir un “arreglo” de impunidad con Uribe en las negociaciones en el
corregimiento de San Ralito. Son sindicados de las desapariciones de más de
3.000 personas solo en el mencionado municipio.

Los paramilitares, tildados por Human Rights Watch como “La 6ª División” en su
informe de 2003 [el ejercito tiene cinco] son responsables de innumerables
matanzas.

“La democracia generosa”, como decía ignorantemente Zapatero, ha creado ese
monstruo que ahora esta “saliendo a flote” de las fosas comunes en San Onofre.
Tras cada fosa común que ahora se abre, se encuentran cadáveres de humildes
campesinos, victimas de los “defensores del estado colombiano” acusados de ser
guerrilleros.

Uno entiende que Zapatero y otros jefes de estados invitados por el gobierno
colombiano tienen que declarar su agradecimiento a sus anfitriones, es el mundo
diplomático. Pasó lo mismo en Alemania del Hitler.

Pero la lengua puede quemarse en el futuro cuando los enlaces entre Uribe, su
gabinete y los paramilitares sean revelados aún más.

Las palabras de Zapatero no tienen avales en los sindicatos, en las juntas de
acción comunal en Soacha o en Ciudad Bolívar donde los pobres habitantes son
masacrados por los paracos y los uniformados del estado.

¿Y cual democracia representa Uribe donde él mismo acusa a los 2.000 habitantes
de San José de Apartadó de ser guerrilleros o sus auxiliadores?

¿Qué impresión, señor Zapatero, tendrán los hijos, familiares y vecinos de los
ocho humildes habitantes de San José de Apartadó de un estado y su “democracia
generosa” cuyos militares son sindicados por estos habitantes de asesinar con
machetes a los ocho en el mes de febrero, despedazarlos con los machetes, entre
ellos tres menores de edad?

¿Qué dirán los familiares de los cinco humildes campesinos en Cajamarca, entre
ellos un bebé de seis meses, quienes fueron salvajemente “dados de baja” por el
ejército en el 2004 a una distancia de sesenta centímetros, según el Procurador
General de la Nación?

Hace dos semanas fueron asesinados en Sumapaz tres humildes campesinos,
dirigentes públicos y militantes del Partido Comunista Colombiano, por una
patrulla del ejército que después fue a entregarlos a la morgue en el municipio
de Fusagasuga, con el reporte “dados de baja en combate con la guerrilla”.

¿Sabe Usted que en el mismo páramo de 4.000 metros arriba el mar fueron
desnudados varios campesinos en una tormenta de nieve para que dijeran “donde
estaba la guerrilla”?

Y el mismo día de su discurso se encontró más cadáveres en San Onofre que ahora
llegan a 36. Pero son 3.000 desaparecidos.

Mientras su anfitrión Uribe da estatus político a esos carniceros, cierra todas
las puertas a un intercambio humanitario entre la guerrilla y el estado y acusan
a los guerrilleros de terrorismo, cuando, como dijo James LeMoyne, el emisario
de Kofi Anan al diario El Tiempo, que las raíces del conflicto armado de 40 años
en Colombia se busca justamente en la intolerancia total de un estado de
terrorismo que elimina a su opositor, no como quiere Usted, con palabras, sino
con tiros, con plomo, con bombas de los aviones entregados por El Amo del Norte.

Ese estado de terrorismo es lo que Usted califica de “democracia generosa” que
comete secuestros en los países vecinos, como en Caracas en el caso de Rodrigo
Granda que llegó a esa capital donde tenía conversaciones con el embajador
francés para tratar de buscar una solución al intercambio humanitario.

Uribe exige resultados de sus generales y da todas las facultades para que sus
militares fusilan a los dirigentes sindicales, como el caso el 5 de agosto 2004
en Arauca donde fueron “dado de baja” en la espalda con fusiles israelitas.

Uribe es obsesionado, obsesionado no de lograr una solución política negociada
del conflicto que desangra el país, sino de seguir fortaleciendo la guerra,
basándose en el apoyo de un estado gringo que “solo tiene intereses y no
amigos”.

Usted mismo se dio cuenta el carácter guerrerista e imperialista de ese estado
en Irak. Por eso retiró su tropa de allá para que no siguiera ser carne de
cañón.

Lo mismo pasa en Colombia. Con palabras como “democracia generosa” se prolonga
ese conflicto ya que el señor Uribe no tiene la más mínima voluntad de un
proceso de paz. Solo rendición y capitulación de la guerrilla que nunca va a
ser.

Y como este es un conflicto, como decía James LeMoyne, social y armado, no se
puede buscar la solución militar, menos con un presidente con su antepasado en
el narcotráfico que no tiene ni voluntad ni interés en la paz.

Y los hijos de los mutilados, los degollados, los “dados de baja” por el
ejercito y sus paramilitares, ¿donde estarán mañana? si no en la guerrilla por
que, por lo menos se encuentran más seguridad allá que en la ciudad, como decía
una veterana guerrillera. Sin embargo pueden levantarse contra un estado de
terror.

Y apropósito a la exigencia suya de exigir un cese de hostilidades por parte de
la guerrilla, esta bien, pero debe ser bilateral. La misma exigencia se hizo
durante el proceso de paz y la guerrilla se mostró positivo mientras el ejército
dijo un rotundo “NO”!

Declaraciones tendenciosas y ridículas

Declaraciones tendenciosas y ridículas

Las de Oscar Álvarez, ministro de Seguridad de Honduras. El alto funcionario
hondureño dijo textualmente: “Las FARC intentarían desestabilizar las
democracias de los países centroamericanos”. “Es obvio que los gobiernos
centroamericanos, buscan por todos los medios congraciarse con el gobierno de
Bush y sumarse a su política imperialista”, le señala el activista David Smith a
Carlos Quintanilla.

31.03.2005 [Carlos Quintanilla*/ANNCOL/www.anncol.org] Las recientes
declaraciones del ministro de Seguridad de Honduras, Oscar Álvarez, sobre la
supuesta “desestabilización de las democracias centroamericanas”, por parte de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han sido calificadas
como tendenciosas, ridículas y fuera de contexto tanto por sectores
centroamericanos como por activistas estadounidenses.

El alto funcionario hondureño dijo textualmente: “Las FARC intentarían
desestabilizar las democracias de los países centroamericanos”. Y agregó, “el
Estado de derecho está en peligro en la región, debido a la presencia de
estructuras de la guerrilla colombiana.”

Al consultar vía telefónica para nuestro informativo latinoamericano sobre las
declaraciones del alto funcionario hondureño, esto fue lo que recogimos del
activista David Smith. “Es obvio que los gobiernos centroamericanos,
particularmente aquéllos que tienen numerosos inmigrantes en Estados Unidos,
buscan por todos los medios congraciarse con el gobierno de Bush y sumarse a su
política imperialista.”

Smith, quien también es miembro de la organización pacifista Veteranos por la
Paz, cuestionó a aquéllos que sin ningún fundamento hacen declaraciones
tendenciosas en contra de los movimientos guerrilleros. En clara alusión a las
declaraciones del funcionario hondureño, el activista norteamericano lo retó
para que lea los inicios revolucionarios del comandante Manuel Marulanda Vélez y
de su movimiento guerrillero.

Es oportuno señalar, y esto, de acuerdo a prestigiosos medios de prensa, que las
FARC tiene su origen en el campesinado colombiano. La organización guerrillera
nació hace más de 40 años y en la actualidad cuenta con más de 20 mil
combatientes. Su lucha, según sus máximos dirigentes, es por la paz, pero con
justicia social.

José Benítez, quien tuvo participación activa en los movimientos guerrilleros
centroamericanos, critica la forma en que algunos medios de prensa y gobiernos
de la región, enfocan los supuestos “peligros de las FARC” en Centroamérica.

En opinión de este activista, “todo es orquestado por los gobiernos colombiano y
estadounidense para desprestigiar a las FARC”. Señala “que las FARC es la única
guerrilla que existe en América Latina, con grandes posibilidades de construir
una Nueva Colombia.”

El activista también critica la forma fría en que algunos movimientos sociales y
partidos políticos de izquierda de Centroamérica, asumen ante la actual campaña
de desprestigio desatada contra las FARC. Considera a la principal organización
guerrillera colombiana “como un verdadero bastión de la lucha antiimperialista”.

Carlos Quintanilla es periodista y director del Noticiero Pacífica, que se
transmite por la estación KPFK, de la Cadena Pacífica, en Los Ángeles, EE.UU.

Colombia/93 las bajas entre militares y paramilitares

Colombia/93 las bajas entre militares y paramilitares

Informan los Estados Mayores de los Bloques Oriental Sur de las FARC. En
acciones insurgentes en los departamentos del Putumayo y Meta. Abundante
material de guerra recuperado, indican. Reconocen la muerte de cuatro de sus
unidades y heridas a otros seis, en comunicado enviado a la redacción de ANNCOL.

29.03.2005 [ANNCOL/www.anncol.org] Como un servicio a nuestros lectores, damos
a conocer el parte completo.

Partes de Guerra Bloques Oriental y Sur

1. Una compañía de los dos Bloques emboscó a las 10, 15 horas una camioneta con
militares en el kilómetro 11 entre puerto Leguízamo y la Tagua. Con los
siguientes resultados: 10 militares muertos, se cogieron 6 fusiles con 26
proveedores y 2.000 tiros para los mismos, una pistola, 5 granadas de mano,
documentos de inteligencia y otros materiales.

3. Dos compañías de los frentes 39 y 44 pelearon con paramilitares en el
Diamante de la Cooperativa en el Meta, durante 6 horas, el 19 de este mes.
Resultados: 45 paramilitares muertos y 38 heridos, material capturado 6 fusiles
con 20 proveedores y 2.500 tiros, un M-79 y otros materiales de logística.
Guerrilleros muertos 4 y 6 heridos.

Estados Mayores Bloques Oriental y Sur de las FARC-EP
Montañas de Colombia, marzo 24 de 2005

FARC: la extradición abominable práctica violatoria de nuestra soberanía

FARC: la extradición abominable práctica violatoria de nuestra soberanía

…..que afecta la nación y ofende la dignidad de las mayorías, señala el
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, en carta abierta dirigida al
Congreso de Colombia. Igualmente en otra carta remitida a la Corte Suprema de
Justicia, indican « la Corte está perdiendo autoridad moral como máxima
instancia de la justicia en Colombia y a ninguno de los 258 extraditados se les
ha permitido controvertir “pruebas” y en esa misma línea, se les ha negado la
garantía constitucional del debido proceso y el derecho universal a la defensa».

28.03.2005 [ANNCOL/www.anncol.org] Damos a conocer en su totalidad las dos
cartas de las FARC dirigidas a dos instituciones del Estado colombiano: El
Congreso y la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

«Corresponde al Congreso estudiar, promulgar y aprobar leyes que impidan las
extradiciones, porque al paso que vamos próximamente extraditarán con cualquier
excusa a los sindicalistas, campesinos, parlamentarios, maestros, militares,
policías, guerrilleros, indígenas y líderes políticos, etc. » expresan en carta
abierta fechada ayer 27 de marzo.

Igualmente le llaman la atención a la Corte Suprema de Justicia, en otra carta
pública, « A ninguno de los 258 extraditados se les ha permitido controvertir
“pruebas” y en esa misma línea, se les ha negado la garantía constitucional del
debido proceso y el derecho universal a la defensa. ¿Cómo es posible, señores
magistrados, que se extradite a Simón Trinidad a los Estados Unidos con el visto
bueno de ustedes, sobre la base de burdos.

Con este procedimiento la Corte está perdiendo autoridad moral, agregan en una
de sus cartas conocidas por ANNCOL.

***

Carta abierta al Congreso colombiano

Señores congresistas.
Bogotá, DC.

Respetados señores:

Ante las recurrentes extradiciones masivas de colombianos a los Estados Unidos,
peligrosamente incrementadas durante este gobierno, acudimos a ustedes en
procura de información concreta sobre esta abominable práctica violatoria de
nuestra soberanía que afecta la nación y ofende la dignidad de las mayorías.

Conviene conocer del Congreso, su postura política pública de célula legislativa
frente a la extradición de nuestros nacionales acusados de traficar con drogas
ilícitas. Se carece de ilustración completa y detallada sobre proyectos de leyes
que bien pueden estar cursando en el Parlamento en defensa y protección de los
derechos de los extraditados y sus familias.

El gobierno actual convirtió la ley de extradición en instrumento de castigo
político, escarnio público y vulgar chantaje para los opositores y detractores
de sus prácticas dictatoriales de gobernar.

Corresponde al Congreso estudiar, promulgar y aprobar leyes que impidan las
extradiciones, porque al paso que vamos próximamente extraditarán con cualquier
excusa a los sindicalistas, campesinos, parlamentarios, maestros, militares,
policías, guerrilleros, indígenas y líderes políticos, inconformes con las
consecuencias del modelo neoliberal expresadas en hambre, pobreza, miseria,
desempleo, bajos salarios, altos impuestos, carencias en salud, educación,
vivienda, agua potable, vías de comunicación, reforma agraria; profundizadas por
la corrupción administrativa, la politiquería, el terrorismo de Estado, la
política paramilitar, el narcotráfico y la permanente intromisión de los Estados
Unidos en nuestro conflicto interno. No faltará el sapo pago que sindique a
cualquier persona de narcotraficante, terrorista o secuestro para justificar la
extradición.

Como saben en las FARC-EP, por principio y ética revolucionaria nos oponemos a
la extradición de nuestros compatriotas, sin distingos de ninguna clase. La
extradición vulnera flagrantemente los derechos elementales de nuestro pueblo y
la soberanía de la Patria.

Consideramos que el Parlamento está en la obligación moral con su pueblo de
impedir la extradición de nacionales sin exclusión alguna, mediante el pago aquí
en Colombia de las penas por los delitos dispuestos en sus leyes. Lo contrario
es renunciar a su propia soberanía y aceptar indiscutible incapacidad de
proferir castigo ejemplar a los infractores de las normas establecidas por los
entes gubernamentales.


Atentamente,

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, marzo 27 de 2005

***

Carta abierta a la Corte Suprema de Justicia

Señores magistrados Corte Suprema de Justicia
Bogotá

Respetados señores: La renuncia de la Corte al ejercicio de la soberanía
jurídica al avalar la extradición de nacionales a los Estados Unidos, es una
injustificable actitud que lacera gravemente el decoro de la Patria. La
tradicional independencia de esta rama del Poder Público ha devenido en una
especie de instancia subalterna del Palacio de Nariño. Son más de 258 las
extradiciones que ha rubricando, sin objeción, en lo que va corrido de este
cuatrienio de Uribe Vélez.

Con este procedimiento la Corte está perdiendo autoridad moral como máxima
instancia de la justicia en Colombia. Sabe muy bien el tribunal supremo, que la
determinación actual del gobierno de extraditar guerrilleros, tiene como
motivación una sed irrefrenable de retaliación política, agravada con la
falsedad de pruebas fabricadas por la inteligencia militar y la Fiscalía General
de la Nación, pero sin embargo no actúa en derecho.

A ninguno de los 258 extraditados se les ha permitido controvertir “pruebas” y
en esa misma línea, se les ha negado la garantía constitucional del debido
proceso y el derecho universal a la defensa. ¿Cómo es posible, señores
magistrados, que se extradite a Simón Trinidad a los Estados Unidos con el visto
bueno de ustedes, sobre la base de burdos montajes de la denominada inteligencia
militar y la Fiscalía, que inventaron cargos de narcotráfico, alteraron
documentos internos de la organización y reeditaron con propósitos sucios el
video de lanzamiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, para
hacerlo aparecer, contra la verdad, como integrante del Estado Mayor Central de
las FARC?

¿Cómo es posible que ustedes acepten que a la cédula de Sonia, esos mismos
organismos le hayan estampado la huella digital de una ciudadana acusada de
narcotráfico, para justificar su extradición? No es ético recurrir a este tipo
de patrañas con las que premeditadamente se infringe la norma constitucional que
prohíbe de manera perentoria la extradición de colombianos por delitos
políticos. La aplicación de esta medida a Simón y Sonia ha causado un daño
enorme a la esperanza de paz concertada y a un eventual acuerdo humanitario de
canje.

El país está en antecedentes que el canje que proponemos no procede de manera
individual, lo cual debieron tener bien claro las autoridades estadounidenses
que presionaron por todos los medios el desafortunado aval de la Corte. Por
principio nos oponemos a la extradición de nacionales. No se debe arrodillar la
dignidad y la soberanía de Colombia ante una potencia extranjera.

Como FARC, y en nombre de millones de colombianos preguntamos, señores
magistrados: ¿Por qué se niegan ustedes a ejercer la soberanía jurídica? ¿Por
qué dan su voto favorable a la extradición de 258 ciudadanos, cuando los
supuestos delitos de los que se les acusa fueron cometidos en Colombia y no en
los Estados Unidos?

¿Dónde está la independencia de la Corte Suprema frente a Uribe Vélez y frente
al prepotente gobierno de los gringos?. Señores magistrados, por la dignidad de
la Patria no permitan que esa instancia judicial descienda a la humillante
condición de Corte apéndice de Washington o Corte colonial.

Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, marzo 27 de 2005