FARC: la extradición abominable práctica violatoria de nuestra soberanía
FARC: la extradición abominable práctica violatoria de nuestra soberanía
..que afecta la nación y ofende la dignidad de las mayorías, señala el
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, en carta abierta dirigida al
Congreso de Colombia. Igualmente en otra carta remitida a la Corte Suprema de
Justicia, indican « la Corte está perdiendo autoridad moral como máxima
instancia de la justicia en Colombia y a ninguno de los 258 extraditados se les
ha permitido controvertir pruebas y en esa misma línea, se les ha negado la
garantía constitucional del debido proceso y el derecho universal a la defensa».
28.03.2005 [ANNCOL/www.anncol.org] Damos a conocer en su totalidad las dos
cartas de las FARC dirigidas a dos instituciones del Estado colombiano: El
Congreso y la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
«Corresponde al Congreso estudiar, promulgar y aprobar leyes que impidan las
extradiciones, porque al paso que vamos próximamente extraditarán con cualquier
excusa a los sindicalistas, campesinos, parlamentarios, maestros, militares,
policías, guerrilleros, indígenas y líderes políticos, etc. » expresan en carta
abierta fechada ayer 27 de marzo.
Igualmente le llaman la atención a la Corte Suprema de Justicia, en otra carta
pública, « A ninguno de los 258 extraditados se les ha permitido controvertir
pruebas y en esa misma línea, se les ha negado la garantía constitucional del
debido proceso y el derecho universal a la defensa. ¿Cómo es posible, señores
magistrados, que se extradite a Simón Trinidad a los Estados Unidos con el visto
bueno de ustedes, sobre la base de burdos.
Con este procedimiento la Corte está perdiendo autoridad moral, agregan en una
de sus cartas conocidas por ANNCOL.
***
Carta abierta al Congreso colombiano
Señores congresistas.
Bogotá, DC.
Respetados señores:
Ante las recurrentes extradiciones masivas de colombianos a los Estados Unidos,
peligrosamente incrementadas durante este gobierno, acudimos a ustedes en
procura de información concreta sobre esta abominable práctica violatoria de
nuestra soberanía que afecta la nación y ofende la dignidad de las mayorías.
Conviene conocer del Congreso, su postura política pública de célula legislativa
frente a la extradición de nuestros nacionales acusados de traficar con drogas
ilícitas. Se carece de ilustración completa y detallada sobre proyectos de leyes
que bien pueden estar cursando en el Parlamento en defensa y protección de los
derechos de los extraditados y sus familias.
El gobierno actual convirtió la ley de extradición en instrumento de castigo
político, escarnio público y vulgar chantaje para los opositores y detractores
de sus prácticas dictatoriales de gobernar.
Corresponde al Congreso estudiar, promulgar y aprobar leyes que impidan las
extradiciones, porque al paso que vamos próximamente extraditarán con cualquier
excusa a los sindicalistas, campesinos, parlamentarios, maestros, militares,
policías, guerrilleros, indígenas y líderes políticos, inconformes con las
consecuencias del modelo neoliberal expresadas en hambre, pobreza, miseria,
desempleo, bajos salarios, altos impuestos, carencias en salud, educación,
vivienda, agua potable, vías de comunicación, reforma agraria; profundizadas por
la corrupción administrativa, la politiquería, el terrorismo de Estado, la
política paramilitar, el narcotráfico y la permanente intromisión de los Estados
Unidos en nuestro conflicto interno. No faltará el sapo pago que sindique a
cualquier persona de narcotraficante, terrorista o secuestro para justificar la
extradición.
Como saben en las FARC-EP, por principio y ética revolucionaria nos oponemos a
la extradición de nuestros compatriotas, sin distingos de ninguna clase. La
extradición vulnera flagrantemente los derechos elementales de nuestro pueblo y
la soberanía de la Patria.
Consideramos que el Parlamento está en la obligación moral con su pueblo de
impedir la extradición de nacionales sin exclusión alguna, mediante el pago aquí
en Colombia de las penas por los delitos dispuestos en sus leyes. Lo contrario
es renunciar a su propia soberanía y aceptar indiscutible incapacidad de
proferir castigo ejemplar a los infractores de las normas establecidas por los
entes gubernamentales.
Atentamente,
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, marzo 27 de 2005
***
Carta abierta a la Corte Suprema de Justicia
Señores magistrados Corte Suprema de Justicia
Bogotá
Respetados señores: La renuncia de la Corte al ejercicio de la soberanía
jurídica al avalar la extradición de nacionales a los Estados Unidos, es una
injustificable actitud que lacera gravemente el decoro de la Patria. La
tradicional independencia de esta rama del Poder Público ha devenido en una
especie de instancia subalterna del Palacio de Nariño. Son más de 258 las
extradiciones que ha rubricando, sin objeción, en lo que va corrido de este
cuatrienio de Uribe Vélez.
Con este procedimiento la Corte está perdiendo autoridad moral como máxima
instancia de la justicia en Colombia. Sabe muy bien el tribunal supremo, que la
determinación actual del gobierno de extraditar guerrilleros, tiene como
motivación una sed irrefrenable de retaliación política, agravada con la
falsedad de pruebas fabricadas por la inteligencia militar y la Fiscalía General
de la Nación, pero sin embargo no actúa en derecho.
A ninguno de los 258 extraditados se les ha permitido controvertir pruebas y
en esa misma línea, se les ha negado la garantía constitucional del debido
proceso y el derecho universal a la defensa. ¿Cómo es posible, señores
magistrados, que se extradite a Simón Trinidad a los Estados Unidos con el visto
bueno de ustedes, sobre la base de burdos montajes de la denominada inteligencia
militar y la Fiscalía, que inventaron cargos de narcotráfico, alteraron
documentos internos de la organización y reeditaron con propósitos sucios el
video de lanzamiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, para
hacerlo aparecer, contra la verdad, como integrante del Estado Mayor Central de
las FARC?
¿Cómo es posible que ustedes acepten que a la cédula de Sonia, esos mismos
organismos le hayan estampado la huella digital de una ciudadana acusada de
narcotráfico, para justificar su extradición? No es ético recurrir a este tipo
de patrañas con las que premeditadamente se infringe la norma constitucional que
prohíbe de manera perentoria la extradición de colombianos por delitos
políticos. La aplicación de esta medida a Simón y Sonia ha causado un daño
enorme a la esperanza de paz concertada y a un eventual acuerdo humanitario de
canje.
El país está en antecedentes que el canje que proponemos no procede de manera
individual, lo cual debieron tener bien claro las autoridades estadounidenses
que presionaron por todos los medios el desafortunado aval de la Corte. Por
principio nos oponemos a la extradición de nacionales. No se debe arrodillar la
dignidad y la soberanía de Colombia ante una potencia extranjera.
Como FARC, y en nombre de millones de colombianos preguntamos, señores
magistrados: ¿Por qué se niegan ustedes a ejercer la soberanía jurídica? ¿Por
qué dan su voto favorable a la extradición de 258 ciudadanos, cuando los
supuestos delitos de los que se les acusa fueron cometidos en Colombia y no en
los Estados Unidos?
¿Dónde está la independencia de la Corte Suprema frente a Uribe Vélez y frente
al prepotente gobierno de los gringos?. Señores magistrados, por la dignidad de
la Patria no permitan que esa instancia judicial descienda a la humillante
condición de Corte apéndice de Washington o Corte colonial.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, marzo 27 de 2005
..que afecta la nación y ofende la dignidad de las mayorías, señala el
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC, en carta abierta dirigida al
Congreso de Colombia. Igualmente en otra carta remitida a la Corte Suprema de
Justicia, indican « la Corte está perdiendo autoridad moral como máxima
instancia de la justicia en Colombia y a ninguno de los 258 extraditados se les
ha permitido controvertir pruebas y en esa misma línea, se les ha negado la
garantía constitucional del debido proceso y el derecho universal a la defensa».
28.03.2005 [ANNCOL/www.anncol.org] Damos a conocer en su totalidad las dos
cartas de las FARC dirigidas a dos instituciones del Estado colombiano: El
Congreso y la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
«Corresponde al Congreso estudiar, promulgar y aprobar leyes que impidan las
extradiciones, porque al paso que vamos próximamente extraditarán con cualquier
excusa a los sindicalistas, campesinos, parlamentarios, maestros, militares,
policías, guerrilleros, indígenas y líderes políticos, etc. » expresan en carta
abierta fechada ayer 27 de marzo.
Igualmente le llaman la atención a la Corte Suprema de Justicia, en otra carta
pública, « A ninguno de los 258 extraditados se les ha permitido controvertir
pruebas y en esa misma línea, se les ha negado la garantía constitucional del
debido proceso y el derecho universal a la defensa. ¿Cómo es posible, señores
magistrados, que se extradite a Simón Trinidad a los Estados Unidos con el visto
bueno de ustedes, sobre la base de burdos.
Con este procedimiento la Corte está perdiendo autoridad moral, agregan en una
de sus cartas conocidas por ANNCOL.
***
Carta abierta al Congreso colombiano
Señores congresistas.
Bogotá, DC.
Respetados señores:
Ante las recurrentes extradiciones masivas de colombianos a los Estados Unidos,
peligrosamente incrementadas durante este gobierno, acudimos a ustedes en
procura de información concreta sobre esta abominable práctica violatoria de
nuestra soberanía que afecta la nación y ofende la dignidad de las mayorías.
Conviene conocer del Congreso, su postura política pública de célula legislativa
frente a la extradición de nuestros nacionales acusados de traficar con drogas
ilícitas. Se carece de ilustración completa y detallada sobre proyectos de leyes
que bien pueden estar cursando en el Parlamento en defensa y protección de los
derechos de los extraditados y sus familias.
El gobierno actual convirtió la ley de extradición en instrumento de castigo
político, escarnio público y vulgar chantaje para los opositores y detractores
de sus prácticas dictatoriales de gobernar.
Corresponde al Congreso estudiar, promulgar y aprobar leyes que impidan las
extradiciones, porque al paso que vamos próximamente extraditarán con cualquier
excusa a los sindicalistas, campesinos, parlamentarios, maestros, militares,
policías, guerrilleros, indígenas y líderes políticos, inconformes con las
consecuencias del modelo neoliberal expresadas en hambre, pobreza, miseria,
desempleo, bajos salarios, altos impuestos, carencias en salud, educación,
vivienda, agua potable, vías de comunicación, reforma agraria; profundizadas por
la corrupción administrativa, la politiquería, el terrorismo de Estado, la
política paramilitar, el narcotráfico y la permanente intromisión de los Estados
Unidos en nuestro conflicto interno. No faltará el sapo pago que sindique a
cualquier persona de narcotraficante, terrorista o secuestro para justificar la
extradición.
Como saben en las FARC-EP, por principio y ética revolucionaria nos oponemos a
la extradición de nuestros compatriotas, sin distingos de ninguna clase. La
extradición vulnera flagrantemente los derechos elementales de nuestro pueblo y
la soberanía de la Patria.
Consideramos que el Parlamento está en la obligación moral con su pueblo de
impedir la extradición de nacionales sin exclusión alguna, mediante el pago aquí
en Colombia de las penas por los delitos dispuestos en sus leyes. Lo contrario
es renunciar a su propia soberanía y aceptar indiscutible incapacidad de
proferir castigo ejemplar a los infractores de las normas establecidas por los
entes gubernamentales.
Atentamente,
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, marzo 27 de 2005
***
Carta abierta a la Corte Suprema de Justicia
Señores magistrados Corte Suprema de Justicia
Bogotá
Respetados señores: La renuncia de la Corte al ejercicio de la soberanía
jurídica al avalar la extradición de nacionales a los Estados Unidos, es una
injustificable actitud que lacera gravemente el decoro de la Patria. La
tradicional independencia de esta rama del Poder Público ha devenido en una
especie de instancia subalterna del Palacio de Nariño. Son más de 258 las
extradiciones que ha rubricando, sin objeción, en lo que va corrido de este
cuatrienio de Uribe Vélez.
Con este procedimiento la Corte está perdiendo autoridad moral como máxima
instancia de la justicia en Colombia. Sabe muy bien el tribunal supremo, que la
determinación actual del gobierno de extraditar guerrilleros, tiene como
motivación una sed irrefrenable de retaliación política, agravada con la
falsedad de pruebas fabricadas por la inteligencia militar y la Fiscalía General
de la Nación, pero sin embargo no actúa en derecho.
A ninguno de los 258 extraditados se les ha permitido controvertir pruebas y
en esa misma línea, se les ha negado la garantía constitucional del debido
proceso y el derecho universal a la defensa. ¿Cómo es posible, señores
magistrados, que se extradite a Simón Trinidad a los Estados Unidos con el visto
bueno de ustedes, sobre la base de burdos montajes de la denominada inteligencia
militar y la Fiscalía, que inventaron cargos de narcotráfico, alteraron
documentos internos de la organización y reeditaron con propósitos sucios el
video de lanzamiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, para
hacerlo aparecer, contra la verdad, como integrante del Estado Mayor Central de
las FARC?
¿Cómo es posible que ustedes acepten que a la cédula de Sonia, esos mismos
organismos le hayan estampado la huella digital de una ciudadana acusada de
narcotráfico, para justificar su extradición? No es ético recurrir a este tipo
de patrañas con las que premeditadamente se infringe la norma constitucional que
prohíbe de manera perentoria la extradición de colombianos por delitos
políticos. La aplicación de esta medida a Simón y Sonia ha causado un daño
enorme a la esperanza de paz concertada y a un eventual acuerdo humanitario de
canje.
El país está en antecedentes que el canje que proponemos no procede de manera
individual, lo cual debieron tener bien claro las autoridades estadounidenses
que presionaron por todos los medios el desafortunado aval de la Corte. Por
principio nos oponemos a la extradición de nacionales. No se debe arrodillar la
dignidad y la soberanía de Colombia ante una potencia extranjera.
Como FARC, y en nombre de millones de colombianos preguntamos, señores
magistrados: ¿Por qué se niegan ustedes a ejercer la soberanía jurídica? ¿Por
qué dan su voto favorable a la extradición de 258 ciudadanos, cuando los
supuestos delitos de los que se les acusa fueron cometidos en Colombia y no en
los Estados Unidos?
¿Dónde está la independencia de la Corte Suprema frente a Uribe Vélez y frente
al prepotente gobierno de los gringos?. Señores magistrados, por la dignidad de
la Patria no permitan que esa instancia judicial descienda a la humillante
condición de Corte apéndice de Washington o Corte colonial.
Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP
Montañas de Colombia, marzo 27 de 2005
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