La Sexta Brigada del Ejército colombiano

La Sexta Brigada del Ejército colombiano

Masacró hace un año a cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, en un
operativo que las autoridades se apresuraron en calificar de un ERROR MILITAR
[1], sin esperar siquiera los resultados de los dictámenes de medicina legal. Al
parecer, en el trasfondo de estos ataques y de los desplazamientos ocasionados
están los megaproyectos "ecoturísticos", geomineros y viales, como el
denominado "Túnel de La Línea". Hasta la fecha, la impunidad se ha impuesto
sobre la reclamación de justicia por parte de los familiares de las víctimas y
la sociedad entera, recuerda el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" en
comunicado de prensa enviado a la redacción de ANNCOL en Estocolmo.

10.04.2005 [Comunicado de Prensa] Hoy se cumple el primer aniversario de la
masacre ocurrida en la vereda Potosí del municipio de Cajamarca (Tolima), en la
que murieron los jóvenes ALBEIRO y NOLBERTO MENDOZA REYES, YAMILE URUEÑA, JULIO
CESAR SANTANA y el bebé de 6 meses de nacido CHRISTIAN ALBEIRO MENDOZA URUEÑA a
manos de miembros de la Sexta Brigada del Ejército Nacional. Transcurrido este
tiempo los autores del hecho se encuentran en libertad y vinculados aún a las
Fuerzas Militares.

Hasta la fecha, la impunidad se ha impuesto sobre la reclamación de justicia por
parte de los familiares de las víctimas y la sociedad entera.

En esta fecha la comunidad cajamarcuna junto con organizaciones sociales y de
derechos humanos del Tolima realizarán una ceremonia religiosa, un acto cultural
y el Foro de Derechos Humanos "Verdad, Justicia y Reparación".

A continuación hacemos una reseña de los principales hechos que rodean este
caso:

El 10 de abril de 2004, el país se conmovió con la ocurrencia de la muerte de
cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, a manos del ejército en un
operativo que las autoridades se apresuraron en calificar de un ERROR
MILITAR[1], sin esperar siquiera los resultad os de los dictámenes de medicina
legal.

La Fiscalía pese a hacer el coro tempranero sobre la ocurrencia de un "error
militar", reclamó la competencia de la investigación, la cual finalmente es
atribuida a la Justicia Penal Militar por decisión del Consejo Superior de la
Judicatura.

Los dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
establecieron que una de las víctimas murió por disparo de arma de fuego
realizado a menos de 60 centímetros tal como fue conocido a través de los medios
masivos de comunicación, lo cual desvirtuó de plano la versión militar de haber
disparado sus armas en medio de la oscuridad de la noche, bajo el "error
invencible" de creer que los campesinos eran guerrilleros que los atacaban.

Una vez la Fiscalía conoció este dictamen provocó nuevamente la COLISION DE
COMPETENCIA para que el caso fuera trasladado a la justicia ordinaria.
Finalmente a finales del mes de enero del presente año, el Consejo Superior de
la Judicatura ordenar la remisión de la investigación a la Fiscalía General de
la Nación.

Recientemente se ha ordenado el traslado del proceso a la Unidad Nacional de
Derechos Humanos con sede en Bogotá.

La opinión pública desconoce que la masacre de Cajamarca estuvo precedida de
otras situaciones muy graves que constituyen en su conjunto una generalizada y
sistemática violación de los derechos humanos en la región. Se establece una
relación entre las detenciones masivas ocurridas en agosto de 2003, las
desapariciones de noviembre del mismo año, el hurto del ganado de las personas
desplazadas de la vereda Potosí y la masacre perpetrada hace un año en dicha
vereda. De los hechos se deduce la responsabilidad de miembros de la Fuerza
Pública, tal como los medios de comunicación lo han registrado.

Como puede apreciarse, la situación de inseguridad y de violación de los
derechos fundamentales de la población parece obedecer a un patrón de represión
que las autoridades deben investigar a profundidad. Al parecer, en el trasfondo
de estos ataques y de los desplazamientos ocasionados están los megaproyectos
"ecoturísticos", geomineros y viales, como el denominado "Túnel de La Línea".
Para rematar, testigos y familiares de las víctimas han sido objeto de amenazas
y hostigamientos, razón por la cual, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha hecho un llamado perentorio al Estado colombiano para que tome todas
las medidas necesarias para asegurar sus integridad física y el goce de sus
derechos fundamentales.

Es una obligación del Estado establecer toda verdad de lo que viene ocurriendo
en Cajamarca y sus municipios aledaños en materia de derechos humanos, así como
sobre los hechos de noviembre de 2003 y de abril de 2004. Es obligación del
Estado individualizar y sancionar ejemplarmente a los autores materiales, los
autores intelectuales y promotores. La comunidad Cajamarcuna debe ser reparada
integralmente por el Estado debido a que ha sido profundamente afectada de forma
directa en este tenebroso camino de la sistemática violación de los derechos
humanos y la impunidad. Por su parte, sobre la Fiscalía y la Procuraduría
recaen principalmente esta s deudas con Colombia y la comunidad internacional.
Ojalá la impunidad no se enseñoree y la verdad y la justicia brillen con luz
propia.

[1] El Presidente de la República, la Cúpula Militar, la Fiscalía General de la
Nación, entre otros.