Plan Patriota: Realidades III
Plan Patriota: Realidades III
16 millones de dólares invertidos diariamente en la guerra en Colombia por parte
de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. El gobierno narcoparamilitar
de Uribe pretende invisibilizar sus violaciones a los derechos humanos. En tanto
el 64 % de la población vive en condiciones de pobreza según el propio vocero de
la mafia de la Casa de Nariño, El Tiempo, con ingresos de menos de 1 dólar
diario. 21 % de desempleo y 18 % de analfabetismo. La Guerra no es la solución,
escribe Allende La Paz. en la foto guerrilleros de las FARC en el sur
de Colombia
12.05.2005 [Allende La Paz/ANNCOL] El Plan Patriota con Seguridad
Democrática ha significado la inversión de millones de dólares para no lograr
el resultado que esperan: vencer a las FARC. Casi 16 millones de dólares
invertidos diariamente en la guerra, equivalentes en promedio a 32.500 millones
de pesos, es muestra de la mentalidad criminal y perversa de los gobernantes de
Estados Unidos y de la mafia narco-paramilitar de Casa de Nariño.
El Plan Patriota, como su antecesor el Plan Colombia, lo que ha arrojado como
resultado es una vorágine de sangre del pueblo y las violaciones de sus derechos
humanos en muestra fehaciente de que la Doctrina de Seguridad Nacional y sus
sucedáneos, está en plena vigencia, atacando al enemigo interno, en el cual
incluyen no sólo la insurgencia, sino también todo aquel que desarrolle luchas
de carácter político legal, reivindicativas, o por el simple hecho de residir en
zonas de presencia guerrillera, recibiendo su impacto organizaciones políticas
de oposición, de derechos humanos, sindicales, e incluso, cualquier tipo de
organización popular.
Al dictado del Plan Patriota y de la política de Seguridad Democrática todas
las instancias del poder del estado, es decir, ejecutivo, legislativo, judicial,
incluyendo, no faltaba más, la para-fiscalía, entran a ser parte del dispositivo
de guerra, y se trata de forzar a la población a involucrarse en la guerra a
favor del Estado (red de informantes, soldados campesinos, niños policías, etc).
Tal concepción se traduce en la violentación de todo aquel que no siga los
dictados de las fuerzas estatales-paraestatales. Arrasamiento de derechos
individuales y colectivos, persecución de sectores sociales nunca antes visto,
por ejemplo, persecución de la mujer y los niños, muestra un grado de sevicia
tal que causa asco.
Especial importancia le damos a la persecución de defensores de derechos
humanos, estigmatizados de ser auxiliadores de la guerrilla, buscando extender
un manto de silencio en las violaciones consuetudinarias de los derechos humanos
e impedir su registro, a fin de mostrar una mejoría en las cifras, pero un
sustancial incremento en la realidad.
Desde el inicio de la administración del personero de la mafia narcoparamilitar
de la Casa de Nariño, Uribe Vélez, se ha pretendido ocultar las violaciones de
los derechos humanos por parte de las fuerzas militares-narcoparamilitares, con
el fin de engañar la comunidad internacional que ha venido cuestionando
seriamente tal proceder, a través de ONGs y de las Naciones Unidas.
En ese orden de ideas, la pretensión del gobierno narcoparamilitar de Uribe
Vélez es que la ONU y toda la comunidad internacional, lo acompañen como
testigos mudos, al estilo del Sr. Caramagna de Suecia, representante de la OEA,
para que con su silencio y su presencia avalen su política de guerra y los
desafueros y las violaciones de los derechos humanos de los colombianos.
Estadísticas incompletas de violaciones de derechos humanos
Las cifras que presentamos a continuación adolecen de incompletitud, no por la
incompletitud inherente al observador, sino producto de la incompletitud
resultado de la persecución de los defensores de derechos humanos y del terror
sistemático y generalizado contra poblaciones enteras para impedir que denuncien
tales violaciones y así invisibilizarlas.
En el año 2.003 se registraron 317 masacres con 1.440 víctimas (un promedio de
4,54 por masacre), 80 % producidas por agentes estatales y paraestatales; casi
500 desapariciones forzadas, y 3.313 homicidios políticos (ejecuciones
extrajudiciales), 85 % por fuerzas estatales. Fueron desplazados 285.000
personas, especialmente campesinos e indígenas, y sus tierras pasaron a
propiedad de sus desplazadores, los narcoparamilitares. (Es de resaltar que en
los últimos 5 años, los narcoparamilitares se han apropiado de 5 millones de
hectáreas de los campesinos e indígenas desplazados).
En el año 2.004 se registraron entre 102 y 462 masacres, 139 desapariciones
forzadas y 287.581 personas fueron desplazadas, aunque el gobierno Uribe habla
de una reducción del 38 %. Carecemos de cifras de ejecuciones extrajudiciales y
de sindicalistas asesinados.
En lo que va del 2.005 se registraron en el 1er trimestre, 1.037 ejecuciones
extrajudiciales y 61.996 personas fueron desplazadas, o sea, que cada día 11
personas son asesinadas y 778 son desplazadas, casi el 90 % de ellas por las
fuerzas militares-narcoparamilitares. De continuar esta tendencia se producirían
más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales (asesinatos políticos de sindicalistas,
dirigentes de partidos de izquierda, mujeres, niños, líderes populares), y
250.000 personas serían desplazadas. No faltan aún los datos de masacres y
víctimas de ellas.
Según cifras de CODHES, de la Conferencia Episcopal, el gobierno nacional
anunció recursos por 575 mil millones de pesos para atender una población
estimada por el mismo gobierno en 1.540.000 (alrededor de 373.376 pesos por
persona en promedio) para los años 2004 y 2005. El Departamento Nacional de
Planeación concluyó que para atender integralmente la misma población desplazada
se requieren 4.8 billones de pesos. ( ). No es clara la especificidad de los
recursos que se confunden con inversión social para poblaciones en situación de
vulnerabilidad y pobreza. Es decir, hay un déficit de 3.3 billones de pesos
para atender la población desplazada, si creyéramos en las cifras oficiales, las
que los colombianos no creemos porque siempre están falseadas.
Seguridad Democrática: Negación de los derechos de los trabajadores y
detenciones arbitrarias
Dice el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH): La
apertura al dialogo que el gobierno colombiano ha tenido con integrantes de
estructuras paramilitares, no se corresponde con la actitud asumida frente a
diversos sectores sociales y sindicales, que han desarrollado diversas acciones
para la reclamación de sus derechos, en donde el ejercicio de los derechos a la
asociación y manifestación, han recibido un tratamiento militar.
Un caso demostrativo es la ocupación militar de las instalaciones de la empresa
estatal Telecom y su consecuente liquidación, desconociendo el derecho al
trabajo y organización sindical de los trabajadores. A su vez, la negación del
derecho a la contratación colectiva, que ha sido evidente en el caso de la
Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol.
Paralelo a ello, la aprobación de una reforma laboral, que promueve la
inestabilidad laboral y recorta los derechos de los trabajadores, así como el
proyecto de reforma pensional, que hace prácticamente imposible llegar a
disfrutar de la misma, agravan la vigencia de los derechos económicos y sociales
durante este periodo.
Según la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos entre
septiembre de 2002 y diciembre de 2003, un total de 6.038 personas fueron
detenidas, de las cuales 4.846 corresponden a detenciones masivas (en donde
fueron privadas de la libertad 20 o más personas), siendo 3.939 de dichas
detenciones arbitrarias. Dado el carácter arbitrario de las mismas, la libertad
fue restablecida a 3.750 de los detenidos. Preocupa especialmente que las
detenciones arbitrarias se hayan incrementado durante septiembre y octubre,
previo a las elecciones de mandatarios locales y aprobación del referendo, ello
posterior a que el Ministro del Interior y la Justicia señalara que las Farc
resultaron amigas de los abstencionistas. (Ver en: Colombia: Informe
Estadístico de Derechos Humanos 2003. CPDH).
Es decir, la Seguridad Democrática se aplica con la intencionalidad
retaliatoria con todo colombiano que no se ponga del lado del Estado, aplicando
el principio fascista de quien no está conmigo, está contra mí.
Crisis social y económica
La política demencial y perversa de guerra impuesta al pueblo colombiano por los
Estados Unidos y por el gobierno narcoparamilitar de Uribe Vélez, ha conllevado
al abandono de las obligaciones del Estado en el campo económico y social.
Según el propio vocero de la mafia de la Casa de Nariño, El Tiempo: 64 por
ciento de la población colombiana vive por debajo de la línea de pobreza.
(Editorial El Tiempo, 1o mayo 2005). Si a ello le sumamos el 21 % de la
población económicamente activa desempleada y cifras de analfabetismo del 18 %,
nos muestra que la política de guerra imperial ha profundizado los desajustes
sociales y se convierten en caldo de cultivo de lo que dice se quiere
combatir.
La economía sigue en crisis y según palabras del nada subversivo LUIS CARLOS
SARMIENTO, uno de los dueños del país: Colombia está "desoladoramente
rezagado" frente al resto de América Latina. Las cifras son elocuentes: mientras
Argentina, que pasó por crisis económicas con pocos antecedentes en la región,
tuvo el año pasado un ingreso por persona de 3.954 dólares, Colombia apenas
llegó a 2.213. Esta cifra equivale a casi la tercera parte de la de Chile
(6.072) y está por debajo de la del Perú (2.482), que además de tener una
economía menor no ha estado exento de adversidades.
El porcentaje de la población pobre (definida como la que tiene un ingreso de
solo un dólar por día) pasó del 60 al 64 por ciento entre 1995 y 1999, mientras
que en Chile bajó del 19 al 17 por ciento.
Y el oligárquico Sarmiento, uno de los grandes favorecidos con la política
económica del miniführer Uribe, propone contribuir con sus esfuerzos y los del
sector financiero para duplicar el ingreso per cápita, pero en 20 años!, o sea,
veinte años más en que el parásito sector financiero colombiano le chupará la
sangre a los trabajadores y cuando se logre, ya el oligárquico Sarmiento estará
más que muerto, rindiéndole cuentas al diablo.
Plan Patriota hecho añicos
El Plan Patriota, un plan de guerra nacional, ha sido hecho añicos por el
accionar de la insurgencia armada que, no sólo ha resistido el embate de las
tropas de las fuerzas militares-narcoparamilitares, con la directa asesoría
militar gringa, sino que ha pasado a la ofensiva como lo muestran los operativos
guerrilleros en diversas partes del país.
No sólo las cifras resultado del combate directo, sino también las cifras
económicas y sociales que han publicado diferentes sectores de la sociedad
civil, son muestra de que el Plan Patriota no satisface los anhelos de la
inmensa mayoría de los colombianos y que es un completo y estrepitoso fracaso
para los promotores de la guerra en Colombia. Con sólo 10 millones de dólares
diarios de los destinados a la guerra, es decir, más de 2.400 millones de pesos
diarios, entraríamos a sentar bases para resolver el conflicto social y la
crisis económica que padece el pueblo colombiano.
Por ello, considero que el futuro de Colombia no puede ser la guerra civil. En
momentos en que la política la hacen los fusiles, se hace imperioso que alcemos
nuestra voz exigiendo al gobierno Uribe una salida negociada al conflicto
interno que vive Colombia, así no lo quiera él reconocer, cuyo paso previo es el
inaplazable e imperioso intercambio humanitario de prisioneros.
Es de descomunal importancia política el pronunciamiento del comandante de las
FARC, Raúl Reyes, en el sentido de mantener la disposición de ese movimiento
guerrillero, que no terrorista, de dialogar para avanzar en la búsqueda de una
salida política negociada del conflicto interno y su disposición a iniciar los
contactos necesarios para comenzar ya.
Las cartas están abiertas sobre la mesa, a quién le toca jugar
16 millones de dólares invertidos diariamente en la guerra en Colombia por parte
de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. El gobierno narcoparamilitar
de Uribe pretende invisibilizar sus violaciones a los derechos humanos. En tanto
el 64 % de la población vive en condiciones de pobreza según el propio vocero de
la mafia de la Casa de Nariño, El Tiempo, con ingresos de menos de 1 dólar
diario. 21 % de desempleo y 18 % de analfabetismo. La Guerra no es la solución,
escribe Allende La Paz. en la foto guerrilleros de las FARC en el sur
de Colombia
12.05.2005 [Allende La Paz/ANNCOL] El Plan Patriota con Seguridad
Democrática ha significado la inversión de millones de dólares para no lograr
el resultado que esperan: vencer a las FARC. Casi 16 millones de dólares
invertidos diariamente en la guerra, equivalentes en promedio a 32.500 millones
de pesos, es muestra de la mentalidad criminal y perversa de los gobernantes de
Estados Unidos y de la mafia narco-paramilitar de Casa de Nariño.
El Plan Patriota, como su antecesor el Plan Colombia, lo que ha arrojado como
resultado es una vorágine de sangre del pueblo y las violaciones de sus derechos
humanos en muestra fehaciente de que la Doctrina de Seguridad Nacional y sus
sucedáneos, está en plena vigencia, atacando al enemigo interno, en el cual
incluyen no sólo la insurgencia, sino también todo aquel que desarrolle luchas
de carácter político legal, reivindicativas, o por el simple hecho de residir en
zonas de presencia guerrillera, recibiendo su impacto organizaciones políticas
de oposición, de derechos humanos, sindicales, e incluso, cualquier tipo de
organización popular.
Al dictado del Plan Patriota y de la política de Seguridad Democrática todas
las instancias del poder del estado, es decir, ejecutivo, legislativo, judicial,
incluyendo, no faltaba más, la para-fiscalía, entran a ser parte del dispositivo
de guerra, y se trata de forzar a la población a involucrarse en la guerra a
favor del Estado (red de informantes, soldados campesinos, niños policías, etc).
Tal concepción se traduce en la violentación de todo aquel que no siga los
dictados de las fuerzas estatales-paraestatales. Arrasamiento de derechos
individuales y colectivos, persecución de sectores sociales nunca antes visto,
por ejemplo, persecución de la mujer y los niños, muestra un grado de sevicia
tal que causa asco.
Especial importancia le damos a la persecución de defensores de derechos
humanos, estigmatizados de ser auxiliadores de la guerrilla, buscando extender
un manto de silencio en las violaciones consuetudinarias de los derechos humanos
e impedir su registro, a fin de mostrar una mejoría en las cifras, pero un
sustancial incremento en la realidad.
Desde el inicio de la administración del personero de la mafia narcoparamilitar
de la Casa de Nariño, Uribe Vélez, se ha pretendido ocultar las violaciones de
los derechos humanos por parte de las fuerzas militares-narcoparamilitares, con
el fin de engañar la comunidad internacional que ha venido cuestionando
seriamente tal proceder, a través de ONGs y de las Naciones Unidas.
En ese orden de ideas, la pretensión del gobierno narcoparamilitar de Uribe
Vélez es que la ONU y toda la comunidad internacional, lo acompañen como
testigos mudos, al estilo del Sr. Caramagna de Suecia, representante de la OEA,
para que con su silencio y su presencia avalen su política de guerra y los
desafueros y las violaciones de los derechos humanos de los colombianos.
Estadísticas incompletas de violaciones de derechos humanos
Las cifras que presentamos a continuación adolecen de incompletitud, no por la
incompletitud inherente al observador, sino producto de la incompletitud
resultado de la persecución de los defensores de derechos humanos y del terror
sistemático y generalizado contra poblaciones enteras para impedir que denuncien
tales violaciones y así invisibilizarlas.
En el año 2.003 se registraron 317 masacres con 1.440 víctimas (un promedio de
4,54 por masacre), 80 % producidas por agentes estatales y paraestatales; casi
500 desapariciones forzadas, y 3.313 homicidios políticos (ejecuciones
extrajudiciales), 85 % por fuerzas estatales. Fueron desplazados 285.000
personas, especialmente campesinos e indígenas, y sus tierras pasaron a
propiedad de sus desplazadores, los narcoparamilitares. (Es de resaltar que en
los últimos 5 años, los narcoparamilitares se han apropiado de 5 millones de
hectáreas de los campesinos e indígenas desplazados).
En el año 2.004 se registraron entre 102 y 462 masacres, 139 desapariciones
forzadas y 287.581 personas fueron desplazadas, aunque el gobierno Uribe habla
de una reducción del 38 %. Carecemos de cifras de ejecuciones extrajudiciales y
de sindicalistas asesinados.
En lo que va del 2.005 se registraron en el 1er trimestre, 1.037 ejecuciones
extrajudiciales y 61.996 personas fueron desplazadas, o sea, que cada día 11
personas son asesinadas y 778 son desplazadas, casi el 90 % de ellas por las
fuerzas militares-narcoparamilitares. De continuar esta tendencia se producirían
más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales (asesinatos políticos de sindicalistas,
dirigentes de partidos de izquierda, mujeres, niños, líderes populares), y
250.000 personas serían desplazadas. No faltan aún los datos de masacres y
víctimas de ellas.
Según cifras de CODHES, de la Conferencia Episcopal, el gobierno nacional
anunció recursos por 575 mil millones de pesos para atender una población
estimada por el mismo gobierno en 1.540.000 (alrededor de 373.376 pesos por
persona en promedio) para los años 2004 y 2005. El Departamento Nacional de
Planeación concluyó que para atender integralmente la misma población desplazada
se requieren 4.8 billones de pesos. ( ). No es clara la especificidad de los
recursos que se confunden con inversión social para poblaciones en situación de
vulnerabilidad y pobreza. Es decir, hay un déficit de 3.3 billones de pesos
para atender la población desplazada, si creyéramos en las cifras oficiales, las
que los colombianos no creemos porque siempre están falseadas.
Seguridad Democrática: Negación de los derechos de los trabajadores y
detenciones arbitrarias
Dice el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH): La
apertura al dialogo que el gobierno colombiano ha tenido con integrantes de
estructuras paramilitares, no se corresponde con la actitud asumida frente a
diversos sectores sociales y sindicales, que han desarrollado diversas acciones
para la reclamación de sus derechos, en donde el ejercicio de los derechos a la
asociación y manifestación, han recibido un tratamiento militar.
Un caso demostrativo es la ocupación militar de las instalaciones de la empresa
estatal Telecom y su consecuente liquidación, desconociendo el derecho al
trabajo y organización sindical de los trabajadores. A su vez, la negación del
derecho a la contratación colectiva, que ha sido evidente en el caso de la
Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol.
Paralelo a ello, la aprobación de una reforma laboral, que promueve la
inestabilidad laboral y recorta los derechos de los trabajadores, así como el
proyecto de reforma pensional, que hace prácticamente imposible llegar a
disfrutar de la misma, agravan la vigencia de los derechos económicos y sociales
durante este periodo.
Según la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos entre
septiembre de 2002 y diciembre de 2003, un total de 6.038 personas fueron
detenidas, de las cuales 4.846 corresponden a detenciones masivas (en donde
fueron privadas de la libertad 20 o más personas), siendo 3.939 de dichas
detenciones arbitrarias. Dado el carácter arbitrario de las mismas, la libertad
fue restablecida a 3.750 de los detenidos. Preocupa especialmente que las
detenciones arbitrarias se hayan incrementado durante septiembre y octubre,
previo a las elecciones de mandatarios locales y aprobación del referendo, ello
posterior a que el Ministro del Interior y la Justicia señalara que las Farc
resultaron amigas de los abstencionistas. (Ver en: Colombia: Informe
Estadístico de Derechos Humanos 2003. CPDH).
Es decir, la Seguridad Democrática se aplica con la intencionalidad
retaliatoria con todo colombiano que no se ponga del lado del Estado, aplicando
el principio fascista de quien no está conmigo, está contra mí.
Crisis social y económica
La política demencial y perversa de guerra impuesta al pueblo colombiano por los
Estados Unidos y por el gobierno narcoparamilitar de Uribe Vélez, ha conllevado
al abandono de las obligaciones del Estado en el campo económico y social.
Según el propio vocero de la mafia de la Casa de Nariño, El Tiempo: 64 por
ciento de la población colombiana vive por debajo de la línea de pobreza.
(Editorial El Tiempo, 1o mayo 2005). Si a ello le sumamos el 21 % de la
población económicamente activa desempleada y cifras de analfabetismo del 18 %,
nos muestra que la política de guerra imperial ha profundizado los desajustes
sociales y se convierten en caldo de cultivo de lo que dice se quiere
combatir.
La economía sigue en crisis y según palabras del nada subversivo LUIS CARLOS
SARMIENTO, uno de los dueños del país: Colombia está "desoladoramente
rezagado" frente al resto de América Latina. Las cifras son elocuentes: mientras
Argentina, que pasó por crisis económicas con pocos antecedentes en la región,
tuvo el año pasado un ingreso por persona de 3.954 dólares, Colombia apenas
llegó a 2.213. Esta cifra equivale a casi la tercera parte de la de Chile
(6.072) y está por debajo de la del Perú (2.482), que además de tener una
economía menor no ha estado exento de adversidades.
El porcentaje de la población pobre (definida como la que tiene un ingreso de
solo un dólar por día) pasó del 60 al 64 por ciento entre 1995 y 1999, mientras
que en Chile bajó del 19 al 17 por ciento.
Y el oligárquico Sarmiento, uno de los grandes favorecidos con la política
económica del miniführer Uribe, propone contribuir con sus esfuerzos y los del
sector financiero para duplicar el ingreso per cápita, pero en 20 años!, o sea,
veinte años más en que el parásito sector financiero colombiano le chupará la
sangre a los trabajadores y cuando se logre, ya el oligárquico Sarmiento estará
más que muerto, rindiéndole cuentas al diablo.
Plan Patriota hecho añicos
El Plan Patriota, un plan de guerra nacional, ha sido hecho añicos por el
accionar de la insurgencia armada que, no sólo ha resistido el embate de las
tropas de las fuerzas militares-narcoparamilitares, con la directa asesoría
militar gringa, sino que ha pasado a la ofensiva como lo muestran los operativos
guerrilleros en diversas partes del país.
No sólo las cifras resultado del combate directo, sino también las cifras
económicas y sociales que han publicado diferentes sectores de la sociedad
civil, son muestra de que el Plan Patriota no satisface los anhelos de la
inmensa mayoría de los colombianos y que es un completo y estrepitoso fracaso
para los promotores de la guerra en Colombia. Con sólo 10 millones de dólares
diarios de los destinados a la guerra, es decir, más de 2.400 millones de pesos
diarios, entraríamos a sentar bases para resolver el conflicto social y la
crisis económica que padece el pueblo colombiano.
Por ello, considero que el futuro de Colombia no puede ser la guerra civil. En
momentos en que la política la hacen los fusiles, se hace imperioso que alcemos
nuestra voz exigiendo al gobierno Uribe una salida negociada al conflicto
interno que vive Colombia, así no lo quiera él reconocer, cuyo paso previo es el
inaplazable e imperioso intercambio humanitario de prisioneros.
Es de descomunal importancia política el pronunciamiento del comandante de las
FARC, Raúl Reyes, en el sentido de mantener la disposición de ese movimiento
guerrillero, que no terrorista, de dialogar para avanzar en la búsqueda de una
salida política negociada del conflicto interno y su disposición a iniciar los
contactos necesarios para comenzar ya.
Las cartas están abiertas sobre la mesa, a quién le toca jugar
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