Colombia/El presidente Uribe prepara nueva masacre en San José de Apartadó

Colombia/El presidente Uribe prepara nueva masacre en San José de Apartadó

Señalando a sus pobladores de colaboradores de la guerrilla. Mensaje especial y
documentos de prensa sobre el asesinato a garrotazos de ocho integrantes de la
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia
(Colombia), entre ellos algunos niños, con la solicitud para que los lectores se
dirijan al Secretario General de las Naciones Unidas pidiendo su intervención en
este caso criminal que no puede quedar en la impunidad, del mismo modo dirigirse
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha venido actuando en
la creación y relativa protección de las comunidades de paz constituidas en la
citada población de Apartadó, escribe Apolinar Díaz-Callejas, en mensaje enviado
a la redacción de ANNCOL en Estocolmo.

22.03.2005 [Apolinar Díaz-Callejas*/www.anncol.org] Se teme que la
intervención y ocupación militar en la zona de la masacre, anunciada por el
propio Presidente de la República, pueda conducir a más hechos de sangre y a la
impunidad de las masacres ya cometidas, pues en el documento que leyó el propio
presidente Uribe Vélez en la población de Carepa de la región de Urabá, ayer
domingo 20 de marzo, afirmó que “en esta comunidad hay gente buena, pero ALGUNOS
DE SUS LÍDERES, PATROCINADORES Y DEFENSORES ESTÁN SERIAMENTE SEÑALADOS POR
PERSONAS QUE HAN RESIDIDO ALLÍ DE AUXILIAR A LAS FARC”.

Respecto de esta afirmación, Thora Gehl, representante para Colombia de la
Consejería en Proyectos, ONG que acompaña a la comunidad de San José desde hace
10 años, afirmó “que el pronunciamiento del presidente Álvaro Uribe demuestra
que sí hay conflicto, contrario a lo que ha repetido el mandatario”, y agregó
“es altamente preocupante que se señale a la población como colaboradores de la
guerrilla sin prueba. Esto es grave porque pone en riesgo a esta comunidad que
tiene medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A su vez, el magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Alfredo Beltrán,
declaró: “el problema no es discutir si Colombia puede ejercer la soberanía o
no. El problema es cómo se resuelve la situación de los habitantes de la
comunidad, respetando los derechos humanos. El Estado debe garantizarles los
derechos a la vida y a la integridad” (El Tiempo, 21.03.05).

Un asesinato a garrotazos de hombres, mujeres y niños, como el ocurrido en
Apartadó, debe levantar la conciencia mundial y de las organizaciones jurídicas
internacionales, especialmente de las encargadas de la defensa y protección de
los derechos humanos. Por ello solicito su colaboración, promoviendo el envío de
mensajes al Secretario General de las Naciones Unidas para la intervención de
esa organización y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que
haga urgente y más intensa presencia en las comunidades en que se cometieron
esos crímenes.

Por ello resolví enviar a ustedes algunos documentos sobre los asesinatos
múltiples a garrotazos ocurridos en la vereda La Resbalosa de San José de
Apartadó, entre los días 21 y 22 de febrero de este año.

La revista Semana, la de mayor circulación en Colombia, en su edición 1.192 de
marzo 7-14 de 2005, informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos “le
ordenó al gobierno colombiano que protegiera a esta comunidad (Comunidad de Paz
de San José de Apartadó, como señala la revista en el texto inicial) que se
declaró neutral desde 1997. Pero, pese a los esfuerzos, el Estado no lo ha
logrado. Han sido asesinadas más de 156 personas, la mayoría de ellas a manos de
paramilitares.

La comunidad también ha denunciado bloqueos de alimentos, amenazas y
hostigamientos de las Fuerzas Armadas”. Los líderes de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó se comunicaron con el director de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la República para que hicieran presencia en la zona de los
crímenes, pero “la comunidad decidió adelantarse y salir en busca de sus
muertos.

Después de siete horas de camino llegaron a la vereda La Resbalosa, donde ya
soplaba el frío de la muerte, una rula con sangre, y en la casa grafitos de la
AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). A unos metros estaba la fosa común”. A
palazos quedaron al descubierto los cuerpos destrozados de Alfonso Bolívar
Tuberquia y su familia. Continúa Semana: “una vecina de la vereda relataría más
tarde que en la mañana del 21 de febrero Bolívar llegó hasta su finca poseído
por el pánico: ‘yo vi a Sandra (su esposa) cuando cayó herida. Le dispararon’.

El hombre se sentó pensativo en un tronco y después dijo: ‘Tal vez pueda salvar
a los niños’, y sin pensarlo se devolvió hasta su casa. Nunca más volvió. Su
cuerpo, el de su esposa y de un trabajador de la finca estaban descuartizados.
Separados el tronco, las extremidades y la cabeza. Los niños (de 6 y 18 meses),
degollados. Después del terrible hallazgo, un grupo de la Comunidad de Paz salió
a buscar a la otra familia desaparecida, la de Luis Eduardo Guerra. Una hora
después encontraron al hijo de Guerra –de apenas 11 años- degollado a la orilla
del río Mulatos.

Más adelante, los cuerpos de Guerra –de 35 años- y su joven compañera de 17
estaban tendidos sobre el camino. Los cerdos y los gallinazos habían devorado
sus cuerpos durante los cinco días que permanecieron allí. Esa noche del
viernes, en medio del llanto y del dolor, los habitantes de San José cuidaron
los cadáveres como si se tratara de una liturgia. Allí permanecieron hasta el
domingo, cuando llegó la Fiscalía y se dispuso el entierro”.

El diario El Tiempo, en edición del 15 de marzo, anuncia que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos “alista resolución por caso de Apartadó” y
agrega:

«La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le hizo ayer un corte de
cuentas al Estado colombiano sobre las medidas que ha tomado para proteger a las
comunidades de San José de Apartadó, en Antioquia, y las de Jiguamiandó y
Curbaradó, en Chocó. En una audiencia en San José de Costa Rica se analizó la
seguridad y la violación de derechos humanos en esas comunidades.

Un vocero de ese tribunal afirmó que tanto representantes del Gobierno
colombiano, como de los pobladores, “fijaron sus posiciones de una manera
fluida”. Se espera que en los próximos días la Corte Interamericana emita una
resolución que, al parecer, estaría enfocada a nuevas medidas provisionales para
estas comunidades. Al cierre de esta edición se esperaba el pronunciamiento
desde San José de Costa Rica.

La audiencia tomó importancia ante el reciente asesinato de ocho personas de la
comunidad de paz de San José de Apartadó y por la polémica desatada tras el
anuncio del ministro de Defensa, Jorge A. Uribe, de que la Fuerza Pública hará
presencia allí. Sobre el caso de San José, el alto tribunal de la OEA ha hecho
cinco llamados desde 1997 exigiendo protección a los gobiernos colombianos para
esta población. Inclusive, el 24 de noviembre del 2000 la Corte dictó una medida
provisional, tras una solicitud de la Comunidad Interamericana, requiriendo al
Estado “mantener las medidas necesarias para proteger la vida de los 189
miembros de esta comunidad”».

*ex senador y miembro de la Comisión Andina de Juristas