TLC CON ESTADOS UNIDOS Y SERVICIOS PÚBLICOS: LA OTRA CARA DE LA MONEDA...
Ponencia presentada por Oscar Gutiérrez Reyes al Primer Congreso de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos, realizado en Bogotá el 21 y 22 de julio de 2005
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El gobierno de Colombia negocia con los Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio (TLC) que lesionará de manera grave la soberanía de la nación, el patrimonio estatal, los bienes públicos, el desarrollo económico y el bienestar de nuestro pueblo. En servicios públicos domiciliarios, afectará los intereses económicos de los usuarios y el patrimonio de los municipios, departamentos y nación, al igual que las fuentes de agua, la biodiversidad, los recursos naturales ligados a la prestación de los servicios y la capacidad de acumulación y ahorro de nuestra patria.
Esta situación la antecede la política de apertura y privatización que se iniciara con las modificaciones constitucionales derivadas de las decisiones tomadas en las postrimerías del gobierno de Virgilio Barco y durante el mandato de César Gaviria. Políticas que podríamos resumir así:
· La reforma constitucional de 1991 y las diversas leyes, que produjeron profundas modificaciones en la economía colombiana y en el régimen de prestación de los servicios públicos
· Las mayores gabelas concedidas al capital financiero en detrimento de los sectores productivos
· La apertura comercial y cambiaria, y la consecuente desprotección del agro y la industria.
· Las políticas de privatización de los servicios públicos, incluidos los domiciliarios.
· El desmonte y las reformas del Estado.
· Las modificaciones y reformas en la legislación laboral.
¿Cuales son los orígenes, las causas, de las reformas de los noventas?
La disolución de la Unión Soviética liquida la contradicción de esta potencia con Estados Unidos, conduciendo a la hegemonía de éstos últimos sobre el resto del planeta. Estados Unidos aprovecha esta situación para expandir su poderío y aumentar su explotación sobre naciones como la nuestra, lo que no implica que demos cabida a la idea de que el imperio norteamericano es indestructible.
La crisis de la deuda, sobre todo, en los países de América Latina, que condujo a la cesación de pagos en Brasil, Méjico y Argentina. Los capitales colocados en estos países y en otros más, dejan de rentar, lo que obliga al imperio a definir precisas modificaciones de política económica que, impuestas por los organismos multilaterales de crédito, acaben el desorden.
Tanto o más importante que los anteriores, es la crisis de superproducción de la economía norteamericana, no sólo en bienes industriales y agrícolas, sino en inmensos capitales sin modo de ponerse a rentar. La función del prestamista es prestar y si no lo puede hacer, está perdiendo dinero, está mermando su utilidad.
Como respuesta a estos tres hechos, los Estados Unidos para salir de su crisis, promueven la apertura económica, la privatización y la flexibilización de la mano de obra, predecesores, en Colombia, de las políticas de "Libre Comercio". En el resto de América Latina, promovieron reformas del mismo corte.
Un análisis de la apertura
La apertura es la aplicación de las políticas contempladas en el "Consenso de Washington", que consisten fundamentalmente en abrir el mercado interno a los bienes y productos de las multinacionales y al capital financiero especulativo, reducir la inversión y el gasto social del Estado, privatizar los activos estatales, principalmente las empresas de servicios públicos, y garantizar el pago de la deuda externa. Los defensores de la apertura sostienen que ésta le sirve al desarrollo nacional. Dejemos que los hechos hablen por sí mismos:
· La economía nacional creció menos que antes de la apertura, aumentaron las importaciones y se redujeron o se estancaron las exportaciones. No hubo transformaciones en la producción industrial y agraria que generaran nuevos rubros de exportación o bienes que abastecieran el mercado interno. Por el contrario, lo que se dio fue una mayor importación de bienes básicos y también suntuarios y una quiebra generalizada de importantes sectores agrarios e industriales de nuestra nación. Y como consecuencia, en Colombia:
1. Pasamos de 700 mil a 7 millones de toneladas de importaciones de productos agrícolas.
2. Se dejaron de cultivar 800 mil hectáreas de cultivos transitorios
3. Se perdieron 150 mil empleos rurales
4. Se destruyeron 200 mil hectáreas de cafetales y se dejaron de producir seis millones de sacos de café.
5. El sector agrario perdió participación en el PIB. La suma de los diversos sectores agrarios sólo alcanza al 7,35% del PIB, durante los años 93 al 99, es decir, creció a una tasa del 1,05 anual, antes era del 3.5% y 4.5% al año.
6. En el caso de la industria, no sólo no creció, sino que disminuyó, para los mismos años, en el 5.9%, un promedio de -0.84% año.
7. En promedio, en esos cinco años la economía del país decrece.
8. La reducción de la producción urbana y rural, y de la rentabilidad de los sectores que no se quebraron, ocasionó que se resintiera el comercio, el transporte y el resto de sectores, cerrándose miles de empresas, lanzando al desempleo a millones de colombianos y reduciéndose los salarios.
9. Crece la miseria y el subempleo y cae el nivel de vida de las grandes mayorías de la población.
· La balanza comercial se desequilibró y la deuda externa, entre 1990 y 2003, creció hasta duplicarse. (Un desequilibrio de 3.098 millones de dólares de 1993 a 1998 y de más de 18.587 millones de dólares hasta 2001, según datos del senador Jorge Robledo).
Al desordenarse la balanza de pagos, los gobernantes optan por el crédito externo, la entrega de los recursos naturales y la feria del patrimonio nacional y en especial de las empresas de servicios públicos. El país se convirtió en el paraíso de los inversionistas, el capital financiero y los especuladores. Esto llevó a duplicar la deuda externa, tanto pública como privada. El sector primario de la economía se hundió y la especulación bancaria y financiera hizo su agosto elevando las tasas de interés, lo que generó también la especulación financiera en el sector inmobiliario.
Los neoliberales en el poder, ante el hecho de que era imposible sostener una balanza cambiaria y de pagos en esa condición, elevan aun más las tasas de interés y conducen a la quiebra al sector productivo; esta situación concluye con la crisis de 1999, año en el cual se presenta el peor comportamiento de la economía desde que se conocen estadísticas. Pero como si fuera poco, los sucesivos gobiernos, el de Samper y Pastrana, y ahora el de Uribe, no sólo no corrigen la estrategia sino que la profundizan porque la apertura no es una equivocación sino una conspiración, de manera tal, que entre 1999 y 2002 el déficit de la balanza comercial aumenta en 1723 millones de dólares. La pérdida total asciende a 20.310 millones de dólares y la deuda externa alcanza los 39.038 millones en 2001. La crisis que sobreviene puede ser mayor.
· Inmensa concentración de la riqueza en pocas manos, principalmente extranjeras. El otro fenómeno que se aprecia es que se produjo una inmensa concentración de la propiedad, en especial de la que está en manos del capital extranjero, bien sea porque se fortalecieron en los sectores en los que tradicionalmente tenían inversiones, o bien porque aparecieron allí donde no hacían presencia: comercio mayorista, servicios públicos domiciliarios, compra de la participación estatal en carbón, níquel, entrega por el sistema de concesión de puertos, aeropuertos, carreteras etc. La concentración es tanta que hasta los llamados "cacaos" tienen que vender sus empresas de finanzas, telecomunicaciones, aviación, y algunas del sector comercio.
· Descenso de la tasa de ahorro nacional. Este desastre tiene otro aspecto muy grave y es que la tasa de ahorro nacional, el principal indicador para medir si un país tiene futuro o no, cayó a la mitad con respecto a la de 1990. El Estado ya no presta para abonar al capital o hacer nuevas inversiones sino para atender a los intereses de la deuda y hacer asistencialismo. Los préstamos con el extranjero se reciben sobre la base de la profundización del modelo neoliberal, como se ve con claridad en el sector de saneamiento básico. Para atender los pagos de la deuda externa se tramitan y aprueban sucesivas reformas tributarias, se despiden miles de trabajadores oficiales, se implementan políticas que reducen la prestación de los servicios esenciales que estaban a cargo del Estado, la salud y la educación. En general, se reduce el gasto público hasta el absurdo de no disponer de papel en los despachos oficiales, gasa en los hospitales o tiza en las escuelas.
Este inmenso fracaso trata de ser ocultado por los neoliberales, quienes culparon no a la apertura, sino a la reevaluación del peso, al despilfarro de los recursos públicos, la corrupción y la politiquería y al déficit fiscal, al igual que a los salarios de los trabajadores y las elevadas pensiones de los colombianos.
Otros efectos de la apertura
Es de señalar también que miles de compatriotas tuvieron y tienen que salir del país ante la imposibilidad de ganar aquí el sustento para ellos y los suyos. Dónde quedarían las estadísticas del desempleo y subempleo sí esos compatriotas vivieran aquí. Y cómo sería la balanza de pagos si no se contabilizarán los tres mil millones de dólares que le aportan estos colombianos a la economía con sus giros mensuales.
El fracaso de la política de apertura es evidente si se le mira desde la óptica del desarrollo del país y sus sectores productivos. Pero, si se le mira desde la óptica de cómo les fue a sus promotores, es claro que a ellos les fue muy bien, en especial al capital, las multinacionales y los prestamistas norteamericanos, y a quienes les sirven de compinches en la entrega de la nación. Sin embargo, los neoliberales quieren más, quieren profundizarla a través de los tratados de libre comercio. Hay algunos, como Hommes, Botero, Uribe y otros, quienes están en el comando del Estado, que sostienen que, "el fracaso es el resultado de que la apertura no se aplicó suficientemente", que "se dejaron todavía unos aranceles muy altos" y se "protegieron sectores como el agro".
Cuando comenzó la política de apertura se nos dijo que íbamos a competir y que Colombia invadiría con sus productos los mercados extranjeros, particularmente el de los Estados Unidos, el mayor mercado del mundo. ¿Por qué después de 15 años de apertura no se pudo ni se puede competir?. Ahí está el aspecto central de la política. No pudimos competir, en nuestro mercado, frente a la importación de bienes y productos extranjeros y tampoco pudimos aumentar nuestras exportaciones para compensar las pérdidas, porque tanto los Estados Unidos como otros países desarrollados, producen más barato que nosotros. O porque sus productos tienen inmensos subsidios estatales, o porque nuestros productos tienen que competir con los mismos que producen naciones donde la mano de obra es más barata, o donde tienen mejores condiciones técnicas y científicas para la producción agrícola e industrial.
También es imposible competir porque las desigualdades entre el aparato productivo de los Estados Unidos y el nuestro, son abismales. Para no hablar de las diferencias en el desarrollo de infraestructura física, servicios públicos, y conocimiento científico y tecnológico.
A lo anterior se debe agregar otro hecho no menos importante: la acumulación de capital de los productores extranjeros, las condiciones del crédito al sector productivo, las barreras arancelarias y la protección que le prestan a su industria y agricultura si las ven amenazadas, las barreras sanitarias y fitosanitarias y el poderío de su gobierno, que está, en últimas, a su servicio. Tras la mano invisible del mercado, está la muy visible mano del ejército norteamericano.
¿En que podemos, entonces, los colombianos tener ventajas frente a los Estados Unidos? En dos aspectos solamente. El clima y el precio de la mano de obra. En productos tropicales, las naciones desarrolladas de clima con estaciones, no pueden competir, pero allí tenemos que competir con más de cincuenta naciones que están en igualdad de condiciones climáticas que nosotros. Y en cuanto a mano de obra, esta es la peor de las competencias, porque es entre pobres, quién trabaja más barato, quién aguanta más hambre.
¿Qué pretenden los Estados Unidos y sus multinacionales, con los acuerdos de libre comercio?
Nadie debe llamarse a engaños. Los estrategas de los Estados Unidos han explicado hasta la saciedad sus objetivos en los tratados de libre comercio. Se trata de cumplir la orientación de Collin Powell, Secretario de Estado de los Estados Unidos quien, refiriéndose al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas -ALCA-, afirmó: "Nuestro objetivo es garantizar a las empresas norteamericanas, el control de un territorio que va desde el polo Ártico hasta la Antártica, libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio". Y para que no quede duda de qué persiguen los EE.UU en los Tratados de Libre Comercio TLC y ALCA, y se evaporen las ilusiones de aquellos que buenamente creen que "a la mayoría de los colombianos y al país les irá bien con los Tratados", basta leer a Robert Zoellick, jefe norteamericano de las negociaciones del TLC: "El ALCA abrirá los mercados de América Latina y el Caribe a las empresas y agricultores de los Estados Unidos al eliminar las barreras al comercio, las inversiones y los servicios, y reducirá los aranceles impuestos a las exportaciones de Estados Unidos".
Estados Unidos soñó inicialmente con implementar el ALCA, pero contradicciones con las naciones agrupadas en el MERCOSUR y con Venezuela, los llevaron a adelantar tratados bilaterales con Chile, y multilaterales con los centroamericanos y los andinos.
El gobierno de Uribe en una actitud sumisa decidió pedir la negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, al tiempo que acepta también el desarrollo del ALCA, una vez cambien las condiciones adversas que hoy se le presentan.
Análisis de algunas de las hipótesis que sustentan la estrategia de desarrollo nacional por medio de los TLC.
Como la experiencia histórica de la apertura enseña, el principal argumento para impulsar el "libre comercio" es que, "las naciones se desarrollan exportando", "que se debe someter a los ineficientes agricultores e industriales a la competencia externa para abaratar los costos de las mercancías para los consumidores" y que el mundo esta "globalizado" y, por lo tanto, para el desarrollo de los países no importa "el mercado interno" y menos "la soberanía nacional".
Si la hipótesis de que "las naciones se desarrollan exportando" fuera cierta, Colombia tendría un desarrollo mayor al de Estados Unidos, y el Japón. Proporcionalmente, el peso de las exportaciones en el PIB, es mayor en Colombia, que es del 18%, en relación con el de Estados Unidos que es del 10% y con el de Japón que es del 11%. ¿Y cómo se explica que varias de las naciones africanas que derivan sus ingresos de sus exportaciones, en algunos casos hasta del 95%, tengan al mismo tiempo, los mayores niveles de desempleo y miseria del mundo?
La teoría de que los productores nacionales son ineficientes, imponen precios de monopolio para vender caras sus mercancías y que, por lo tanto, hay que someterlos a la competencia extranjera para obligarlos a ser eficientes, se falsea no sólo por los resultados de la apertura en el país, sino por el hecho mismo de que desconoce las profundas desigualdades que se presentan en los niveles de desarrollo de las naciones. Con esta política no se somete a la competencia a los productores internos sino que simplemente se les elimina, favoreciendo de esa manera al monopolio extranjero, en detrimento del productor nacional. Y en cuanto a que los precios de las mercancías se abaratan, tampoco es cierto. El monopolio extranjero no transfiere a los consumidores sus utilidades, pues la razón última de su ingreso a estos países, es obtener tasas de rentabilidad mayores a las que logra en sus naciones de origen.
Y en cuanto a que el mundo está globalizado, eso es cierto desde la formación de los primeros imperios, los que impusieron sus condiciones a las naciones y pueblos que oprimieron. Y en cuanto a la globalización que se vive hoy, vale la pena señalar textualmente la frase de Henry Kissinger: "La globalización no es otra cosa que el papel dominante de los Estados Unidos". Lo que les interesa es colocar sus capitales, vender sus mercancías, ofrecer sus servicios, controlar los recursos naturales estratégicos de las naciones, lograr la mayor tasa de utilidad posible y sobre todo, superar su inmensa crisis de superproducción.
Para facilitar su política, esgrimen el argumento de que para el desarrollo de los países no se requiere un mercado interno. Con ello pretenden negar su propia experiencia histórica. "Durante siglos Inglaterra se apoyó en la protección, la apoyó hasta límites extremos y logró resultados satisfactorios. Luego de dos siglos, consideró mejor adoptar el libre cambio, pues piensa que la protección ya no tiene futuro. Muy bien, señores, el conocimiento que yo tengo de nuestro país me lleva a pensar que, en doscientos años, cuando Estados Unidos haya sacado de la protección todo lo que ella puede darle, también adoptará el libre cambio". Esta frase de Ulysses Grant, presidente de los Estados Unidos de 1868 a 1876, deja ver con claridad que la base del desarrollo de una nación es la protección de su mercado interno. Y la única forma de garantizarla es el ejercicio pleno de la soberanía nacional. ¿O de que otra forma se puede proteger el mercado interno? No se explicaría el origen de las naciones, la existencia de las fronteras, la organización de parlamento y legislación, la moneda propia ni los ejércitos, si no fuera por la necesidad de proteger el mercado interno. La independencia nacional que alcanzaran los patriotas, tuvo su origen en la necesidad de desarrollar de manera soberana la producción en estas tierras.
¿Qué es lo que se está negociando en el TLC?
Es relativamente conocido que en el Acuerdo de Libre Comercio, el gobierno de Uribe Vélez está negociando temas relacionados con la agricultura, algunos conocen también que diversos sectores de la producción industrial son objeto de negociación. No obstante, millones de colombianos desconocen que el tratado incluye temas que van mucho más allá. Los servicios, por ejemplo, no sólo los domiciliarios, sino todos los servicios, ambientales, turísticos, financieros, educativos, de salubridad. Además se discute, en las mesas del tratado, sobre diferentes aspectos relacionados con actividades no sólo económicas, sino sociales y culturales. El esquema de negociación que se está aplicando en el TLC con los andinos, parte de las mismas propuestas para el ALCA y contempla no sólo los temas iniciales, sino que incluye otros tópicos, que no eran objeto de negociación en el ALCA. Es decir, el presidente Uribe Vélez y los negociadores asumen una actitud más genuflexa, que la que los mismos Estados Unidos tenían prevista.
Muchos de los temas sobre los que se adelanta la negociación, implican acceder a modificaciones constitucionales, que hacen más regresiva la legislación vigente y que resignan, de manera abierta y sin ninguna consideración, cualquier posibilidad de desarrollo de nuestra nación. Veamos algunos casos que ilustran lo que afirmamos.
La entrega de la soberanía alimentaria. El progreso de la producción agrícola nacional está en entredicho porque, en la negociación, se acepta que el país prácticamente renuncie a producir los alimentos claves en la dieta básica de los colombianos. En lo acordado hasta hoy se entregan los cereales, las oleaginosas, y corren riesgo, el pollo, la carne de cerdo y de res. Esta posición de impedir el desarrollo de la producción nacional nos deja sin seguridad alimentaria, un aspecto clave en la construcción de soberanía. Una nación que no sea capaz de alimentar a su población de manera autónoma, es una nación condenada a ser paria.
La amenaza sobre las telecomunicaciones. Un asunto que lesiona gravemente los intereses nacionales es la entrega del mercado de las telecomunicaciones a los grandes monopolios extranjeros, tema que también está contemplado en los acuerdos. En la tercera ronda de negociaciones, realizada en Lima en julio del año anterior, la señora Regina Vargo, jefe del equipo negociador de Estados Unidos, señaló que su nación exigía la apertura total del sector de las telecomunicaciones, a fin de permitir el ingreso de sus transnacionales a nuestro mercado interno y la libre operación de sus compañías, incluso si éstas no tienen presencia en nuestro país. Es decir, la venta transfronteriza de servicios. Igualmente reclamó, se acabe la propiedad estatal que, aún hoy, y después de 10 años de privatizaciones, tiene la mayoría de las empresas de telefonía fija y parte de la móvil del país. Alegó que el Estado no puede ser regulador de un servicio y, al tiempo, propietario y operador del mismo. En la anterior Ronda de Guayaquil, aceptó la presencia del Estado en la prestación del servicio, pero exigió la independencia del ente regulador. Lo que se persigue es igualmente grave para la soberanía del país. Las multinacionales pueden controlar de manera estratégica las comunicaciones de una nación y aislarla o someterla. En Colombia, hace muchos años, se optó por la nacionalización de las telecomunicaciones, sin embargo, con esta política, se da un revés histórico.
Decisiones que afectan a todos los servicios públicos domiciliarios. En las mesas en las que se discuten temas como acceso a mercados, inversión extranjera, servicios, compras del sector público, solución de controversias, propiedad intelectual, subsidios, antidumping y derechos compensatorios y políticas de competencia, al igual que presencia local, trato nacional, requisitos de desempeño, alta dirección empresarial y juntas directivas, es claro que el interés norteamericano es garantizar para sus monopolios y transnacionales, lo siguiente:
· La eliminación progresiva de los aranceles y las barreras no arancelarias, y eliminación de las medidas que regulan y restrigen el comercio entre los países participantes.
· El establecimiento de una legislación nacional que sea más favorable a la inversión extranjera.
· La liberalización de las áreas de pensiones, salud, educación y demás servicios, incluidos los públicos domiciliarios.
· La participación de los monopolios extranjeros en las licitaciones y el acceso a las compras estatales.
· La creación de tribunales supranacionales y privados que resuelvan las disputas entre los monopolios y los estados, es decir, una justicia que esté por encima de las legislaciones nacionales.
· La promoción y el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, que no es otra cosa que la garantía para las multinacionales, del pago de derechos por el uso de patentes, marcas y modelos, no sólo en lo relacionado con la innovación industrial, sino también en lo cultural, artístico y tecnológico.
· En cuanto a los subsidios, su aplicación en una sola vía. Los Estados Unidos no sólo mantienen los subsidios a los agricultores y demás sectores de su aparato productivo, sino que mantienen prácticas que incluyen el dumping en el comercio internacional.
· Que las políticas de competencia logren el establecimiento de la "libre y leal competencia", en especial en lo relacionado con imponer restricciones a las empresas del Estado.
Como puede observarse, el Tratado afecta negativamente toda la sociedad colombiana y todos los sectores de la vida nacional, y la razón por la que se negocia, es que aunque a la gran mayoría de los nacionales no les irá bien, hay un reducido sector de exportadores y grandes intermediarios que se lucrarán considerablemente con su aplicación.
NO ES POSIBLE UNA BUENA NEGOCIACIÓN
Algunos gremios y personas piensan que no hay tratados buenos o malos, y que de lo que se trata, es de cómo se negocian. En relación con este argumento, hay que hacer tres consideraciones:
No nos oponemos a tener relaciones comerciales y diplomáticas con ningún país de la tierra siempre y cuando dichas relaciones sean en pie de igualdad y beneficio recíproco.
Este tratado no se puede negociar bien. De un lado, está el país más poderoso y altivo de la tierra imponiendo su política, y del otro, uno de los gobiernos más sumisos del planeta. En estos términos, el tratado no es negociable, ni en pie de igualdad ni sobre la base de alcanzar el beneficio recíproco para ambos pueblos y naciones. En últimas, negociar bien es un problema de soberanía nacional, que implica, de ser necesario, no negociar y pararse de la mesa.
No se requiere elevar a tratado internacional, relaciones de carácter comercial que son fluctuantes y que deben estar sometidas a los desarrollos internos de la economía.
La experiencia nacional prueba que no se requiere la presencia del capital extranjero hoy, para desarrollar la infraestructura y prestación de servicios públicos domiciliarios. Este renglón de la economía debería ser totalmente nacional y de propiedad estatal.
Agreguemos que, incluso, no nos oponemos a la existencia de crédito externo que facilite el desarrollo nacional, pero éste no puede ser como es hoy, un crédito condicionado, atado a las necesidades no de quien lo solicita, sino a las de quien lo otorga.
LO QUE SIGUE...
Para la firma del tratado faltan por lo menos dos rondas de negociación. Sin embargo, por las profundas diferencias y reiteradas protestas de diversos gremios del sector agropecuario y otros, por la oposición de importantes organizaciones sindicales, sociales y políticas, como la CUT, la Gran Coalición Democrática, senadores de Alternativa Democrática, como Jorge Enrique Robledo del MOIR, del Polo Democrático y algunos de los partidos tradicionales, además de otra amplia gama de opositores, incluso unos pocos que tienen su origen en el uribismo, pero no comparten esta política, la suerte del tratado es incierta.
Le falta además pasar por el Congreso de la República y, aunque no nos hacemos ilusiones en que allí sea rechazado, lo cierto es que surtirá importantes debates, una vez conocido el texto final. Posteriormente, debe ir a revisión de constitucionalidad en la Corte, y ésta deberá hacerse también en los Estados Unidos, donde seguramente tendrá oposición, porque, y esto es importante entenderlo, también allá se golpea a sectores industriales y de trabajadores con los tratados. Un ejemplo de este caso es la oposición que existe a la ratificación del CAFTA.
En cuanto a lo que las ligas de usuarios de servicios públicos respecta, lo que estamos promoviendo es la realización de una consulta a todos los colombianos, a fin de que sea el pueblo, previamente ilustrado sobre el contenido y el propósito del tratado, quien finalmente resuelva, si éste se debe aplicar o no. Sabemos que el gobierno de Uribe se niega sistemáticamente a la posibilidad de esta consulta, pero ello no quiere decir que no luchemos para que se realice y para que los colombianos, en medio de la movilización civilizada y democrática, derrotemos las pretensiones de la potencia hegemónica del planeta.
