Chile: UN GOLPISTA VENEZOLANO TREPA POR CHILE

ESTimados amigos, este es un reportaje sobre la visita del golpista Alejandro Plaz en Chile, donde gracias a intenso lobby de sus pares logró entrevistas de alto nivel. sin embargo la gente sabe quien es..... gracias por sus gestiones .. cris gonzalez
---
Chile: UN GOLPISTA VENEZOLANO TREPA POR CHILE
Lunes, 22 agosto a las 00:01:17

Tuvo una intensa agenda de reuniones. El presidente de la ONG venezolana "Súmate", Alejandro Plaz Castillo, realizó una reciente visita a Chile con el propósito de denunciar "las malas condiciones en que se desarrolla la democracia en Venezuela, y la poca transparencia de los procesos electorales", según explicó una crónica publicada por "El Mercurio" el pasado jueves 18 de agosto.



Para estos efectos se reunió con el canciller Ignacio Walker y la candidata presidencial de la Concertación, Michelle Bachelet, además de "representantes del PS, PPD, DC, RN y UDI", según informó el diario, a los que entregó el Informe "Estado de la democracia en Venezuela". Asimismo, según "La Segunda" del 9 de agosto, tuvo un encuentro con el presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Gutenberg Martínez.



Plaz también fue recibido por el presidente del Senado, Sergio Romero. Un comunicado de la corporación explicaba que "Súmate" es una organización "tendiente a promover la democracia participativa y defender los derechos políticos de los venezolanos".



El directivo venezolano aseguró a "El Mercurio" que "no estamos a favor del Gobierno ni de la oposición. Estamos a favor de la democracia".



Esa casta y beatífica imagen, sin embargo, no se ajusta a la realidad de una organización que ha operado al servicio de los planes de Estados Unidos contra Venezuela.



UN TURBIO PERFIL
Los directivos de "Súmate" son figuras conocidas en Venezuela por sus conexiones con el mundo político y el sector empresarial que sustentaron el intento de golpe de Estado del 11 de abril de 2002.



Su vicepresidenta y tesorera es la ingeniera industrial María Corina Machado, miembro de la Junta Directiva de Fundación Atenea (Fundatenea), en la que su madre, Corina Parísca Pérez, ejerce como presidenta y su padre, Enrique Machado Zuloaga, es miembro del Consejo Consultivo. Aquella Fundación ha recibido fondos de la Fundación Interamericana (Inter–American Foundation, IAF), agencia independiente del Gobierno de los Estados Unidos.



En el contexto del golpe, María Corina Machado firmó la lista de asistencia al Acto de Juramento del empresario Pedro Carmona Estanga, hasta ese momento presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) y hoy prófugo de la justicia venezolana.



Corina Parísca fue postulada por FEDECAMARAS para integrar el Consejo Supremo Electoral en 1998, junto con Pedro Carmona. Su esposo Enrique Machado es miembro de la Junta Directiva de Siderúrgica Venezolana (Sivensa), al igual que lo fue Carmona.



Ambos, además, fueron directivos de la Confederación Venezolana de Industriales (Coindustria).



Machado, además, es familiar de Guillermo Antonio Zuloaga Nuñez, uno de los dueños de Globovisión y uno de los directores del "Dividendo Voluntario para la Comunidad" (DVC) organización a través de la cual se canalizaron recursos privados destinados a financiar las actividades de la oposición.



El ingeniero eléctrico Alejandro Plaz Castillo, el presidente de "Súmate", era director de la Oficina Andina de McKinsey & Company, una compañía transnacional cuya sede principal se encuentra en Nueva York. En Venezuela, tenía un contrato de consultoría con PDVSA por un monto de 2,5 millones de dólares.



Plaz era también miembro asociado de Fundatenea, a través del Programa Happy Kids



Asimismo, es familiar de uno de los socios del Estudio Jurídico Torres, Plaz & Araujo, del que forma parte César Caraballo, ex Viceministro del Trabajo del segundo Gobierno de Rafael Caldera y ministro del Trabajo designado en la efímera dictadura de Carmona.



Ese estudio jurídico prestaba asesoría legal al Consorcio Petroquímico Venoco, de cuyo directorio formaba parte Pedro Carmona entre 1989 y 2001.



Luego del fracaso del golpe, se reveló que Estados Unidos financió a los autores de esta intentona, a través de la transferencia de fondos del Fondo Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy, NED), agencia bajo control del Departamento de Estado y que ha sido relacionada con la CIA.



Frente al nuevo escenario, la estrategia opositora se modificó. Ahora se intentaría lograr la salida del Presidente Hugo Chávez utilizando los propios mecanismos institucionales de la Constitución Bolivariana.

Y Washington nuevamente proporcionó el soporte a esa nueva estrategia.



EL PAIS DEL NORTE
De hecho, "Súmate" se constituyó casi inmediatamente después del intento de golpe de Estado. Se inscribió como asociación civil domiciliada en Caracas en la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 4 de julio de 2002.



La abogada Eva Golinger logró probar, mediante documentos secretos desclasificados de Estados Unidos, que "Súmate" recibió 53 mil 400 dólares de la Fundación Nacional para la Democracia ( http://www.venezuelafoia.info).



Las investigaciones de la jurista, permitieron establecer que "Súmate" fue beneficiada además con fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (United States Agency for International Development, USAID), que otorgó más de cinco millones de dólares anuales entre agosto del 2002 y agosto del 2004 a diferentes organizaciones venezolanas.



En el caso de Venezuela, la USAID mantiene un contratista en Caracas monitoreando y facilitando sus proyectos y fondos, y tiene una oficina local ("Oficina de Iniciativas de Transición, OIT), establecida en el 2002, después del golpe de Estado y directamente manejada por el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Caracas.



La contratista, Development Alternatives Inc. (DAI), maneja y supervisa los convenios otorgados por USAID a las organizaciones venezolanas.



En el 2003, la USAID –a través del DAI– colaboró con "Súmate", para promocionar la "participación electoral" y realizar la formación de un registro electoral paralelo al del Consejo Nacional Electoral (CNE) y divulgar los resultados del referéndum revocatorio. Este convenio contó con casi 150 mil dólares.



"Súmate" programó, organizó y ejecutó la primera recolección de firmas (más conocida como "Firmazo") en febrero del 2003, cuando los opositores pretendieron convertir un referéndum consultivo (artículo 71 de la Constitución) en un referéndum revocatorio (artículo 72). Este intento fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo de Justicia y por el Consejo Nacional Electoral mediante decisión de septiembre de 2003.



Fue igualmente notorio el protagonismo de "Súmate" en la programación, organización y ejecución de la segunda recolección de firmas (el llamado "Reafirmazo"), entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre del 2003.

En la práctica, en esas coyunturas "Súmate" dio conducción a los opositores agrupados en la ahora extinta "Coordinadora Democrática".



Tras la estrepitosa derrota de la oposición en el referéndum del 15 de agosto del 2004, en la que Chávez logró el respaldo del 59 por ciento de la población, "Súmate" fue la única organización que siguió insistiendo en la existencia de un fraude, a pesar de que el Centro Carter y el propio Departamento de Estado de Estados Unidos acreditaron la transparencia del proceso.



EL PROCESO



El financiamiento recibido del NED originó a una investigación del Ministerio Público, que comenzó en marzo del año pasado por solicitud de los diputados Willian Lara e Ismael García. Tres meses después, la Fiscal Sexta Nacional, Luisa Ortega Díaz, citó –en calidad de imputados– a Alejandro Plaz y María Corina Machado. Finalmente, el 30 de septiembre la fiscal solicitó medida privativa de libertad contra ambos directivos de "Súmate".



La acción fue pedida por Ortega ante el juez 41 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, acusándolos del delito de conspiración en contra de la forma política que se ha dado la nación, contemplado en el artículo 132 del Código Penal y que establece penas de ocho a 16 años de prisión para todo aquel venezolano que solicite la intervención extranjera para trastornar la paz de la República. El delito imputado a los directivos de "Súmate" se encuentra en el capítulo dedicado a la traición a la patria.



Otros directivos de "Súmate", Luis Enrique Palacios y Ricardo Estevez Mazza, fueron acusados por la Fiscalía General de la República del presunto delito de cooperación no necesaria en la conspiración contra la forma política que se ha dado la nación.



En ese mismo momento, María Machado se encontraba en la ciudad de Miami, invitada a hablar en representación de Venezuela en la Conferencia de las Américas, organizada por el diario "Miami Herald".



El ex Secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental del Gobierno de George W. Busch, el cubano–americano Otto Reich, dijo en la oportunidad que en Venezuela no hubo golpe de Estado en abril de 2002…



Machado fue recibida el 31 de mayo del 2005, en Washington, por el Presidente George W. Bush, ante quien denunció el "peligro" que correría la democracia venezolana.



El Mandatario le dijo que estaba "preocupado por las informaciones sobre las violaciones de los principios democráticos y de la Constitución por parte del Gobierno venezolano", según declaró Machado, que calificó el encuentro como "bastante emocionante".

A juicio del canciller de la República, Alí Rodríguez Araque, "Súmate" quedó revelada como una "agencia de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela".



Inmediatamente después, el congresista republicano Frank Wolf señaló en Caracas que si se mantenía el proceso contra los directivos de "Súmate", su comité iba a recomendar que NED aumentara los fondos a Súmate para el 2006.



El 7 de julio del 2005, la magistrada Norma Sandoval del Tribunal Nº 41 de Control de Caracas dispuso llevar a juicio en libertad contra los cuatro directivos de "Súmate". El caso será conocido por el Juez Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal de Caracas, Elías Álvarez, quien fijará la fecha del inicio del proceso.



Tom Casey, portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, manifestó que la Administración Bush estaba "decepcionada" por la resolución judicial, subrayando que "estas acciones judiciales son parte obvia de una campaña del Gobierno venezolano cuyo propósito es intimidar a la sociedad civil". Añadió: "Nos preocupa seriamente la persecución política y las amenazas constantes contra los derechos e instituciones democráticas en Venezuela".



Hay que proteger a los empleados.



Por: Víctor Osorio Reyes, el autor es periodista y escritor chileno.

Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 22 de agosto 2005

Crónica Digital

* Enviado por Cris González H.