El gobierno Colombiano

El gobierno Colombiano

Le queda cada vez más difícil ocultar su verdadero rostro ante la comunidad internacional. El Alto comisionado de manera ingenua, aunque de buena fe, afirma que «la presencia integral de las autoridades del Estado en el territorio colombiano es necesaria para garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos los que habitan en el país», a priori nadie estaría en contra que es el Estado quien debe garantizar los derechos fundamentales, pero el comisionado presupone un Estado regido por el derecho, presupone un Estado democrático que no es el caso de Colombia. Allí las Fuerzas Armadas oficiales ven a la población como su enemigo y como tal lo tratan. Los ejemplos abundan, escribe García Sanclemente, corresponsal de ANNCOL en Ginebra.

23.03.2005 [Cesar García Sanclemente/ANNCOL/www.anncol.org] Ayer, 22 de marzo, las Naciones Unidas se pronunciaron sobre la situación de Apartadó a través de la oficina del Alto Comisionado en Colombia, este pronunciamiento llama la atención sobre la impunidad que ha acompañado los diferentes crímenes sufridos por la comunidad y reclama una investigación que pueda develar la verdad sobre la autoría.

Ya son muchas voces se han sumado para condenar los últimos crímenes del Estado colombiano, especialmente los últimos ocurridos en Apartado. Muchos de estos crímenes según Delegados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos quienes visitaron el sitio del asesinato, calificaron lo ocurrido de "inadmisible" y "vergüenza para la humanidad". También el eurodiputado francés Francis Wurst acusó las Fuerzas Militares de haber causado la matanza de Apartado, basándose en testimonios de los habitantes de la región.

En el comunicado referido la oficina del Alto Comisionado, emplaza a las
autoridades del Estado a “abstenerse de hacer afirmaciones que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los miembros de la comunidad”, en últimas invita gentilmente al Presidente, al ministro de defensa, al comandante del ejército a cerrar su pico estigmatizador.

El Alto comisionado de manera ingenua, aunque de buena fe, afirma que «la
presencia integral de las autoridades del Estado en el territorio colombiano es necesaria para garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos los que habitan en el país», a priori nadie estaría en contra que es el Estado quien debe garantizar los derechos fundamentales, pero el comisionado presupone un Estado regido por el derecho, presupone un Estado democrático que no es el caso de Colombia. Allí las Fuerzas Armadas oficiales ven a la población como su enemigo y como tal lo tratan. Los ejemplos abundan.

Es por eso que la comunidad de Apartado está en desacuerdo con la presencia de las autoridades de un Estado, que los estigmatiza a través del propio presidente, es por eso que estas comunidades no confían en ese Estado. Si el propio presidente los trata públicamente de guerrilleros, que harán sus soldados, bajo el amparo del silencio. Es por eso que estas comunidades compartirán la información y pruebas que tienen sobre la última masacre, solo con instancias que le garanticen el respecto a su integridad física y moral y garanticen la judicialización de los culpables.

Las acusaciones que el Presidente Uribe ha hecho, con la prepotencia de siempre y la ausencia de ética que lo acompaña, a la comunidad de San José de Apartado,muestran al mundo una vez más, la verdadera cara de un régimen que por boca del comandante en jefe de las fuerzas armadas, ratifica el verdadero sentido de la política de Estado: Estigmatizar primero a la oposición política para después asesinarla con la guerra sucia. El Presidente es pues responsable ante el mundo de todo lo que le ocurra a la comunidad de Apartado.

***A continuación reproducimos textualmente el comunicado para que nuestros
lectores se hagan su propia opinión***

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS

Es urgente esclarecer las masacres en San José de Apartadó
y brindar seguridad a la comunidad de paz---Bogotá D.C., 22 de marzo de 2005

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos, en cumplimiento de su mandato, se permite hacer las siguientes consideraciones sobre los trágicos acontecimientos sufridos recientemente por la comunidad de paz de San José de Apartadó:

1. Contra los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó se han cometido, a lo largo de casi una década, serios y graves crímenes. La mayoría de estos crímenes aún no se han esclarecido. Es necesario que el Gobierno y las autoridades pertinentes tomen medidas adecuadas para que esta impunidad no continúe.

2. La presencia integral de las autoridades del Estado en el territorio
colombiano es necesaria para garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos los que habitan en el país.

3. La investigación de los delitos cometidos en el área de la comunidad de paz de San José de Apartadó corresponde, tal y como es propio de un Estado de Derecho, a la Fiscalía General de la Nación.

4. La Oficina confía en que el Fiscal General de la Nación, con el apoyo del Procurador General de la Nación y del Defensor del Pueblo, pueda esclarecer cuanto antes la trágica muerte de ocho civiles, entre ellos cuatro niños, ocurrida el pasado 21 de febrero.

5. La Oficina confía también en que los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó prestarán su colaboración a las autoridades judiciales encargadas del proceso, y que estas garantizarán la seguridad y la tranquilidad de los testigos y familiares de las víctimas.

6. Mientras no haya una decisión judicial que declare a determinadas personas como responsables de esos delitos, es aconsejable abstenerse de hacer afirmaciones que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los miembros de la comunidad de paz, o que provoquen su desplazamiento forzado. La Oficina sugiere que se actúe con prudencia en el manejo de la información pública relacionada con la comunidad de paz de San José de Apartadó.

7. Es responsabilidad del Estado colombiano implementar todas las medidas
necesarias para proteger, individualmente y en conjunto, a los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó, conforme a lo solicitado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Constitucional de Colombia. La Oficina confía en que la vida y la integridad de los miembros de esa comunidad sean protegidas y garantizadas a través de medidas estatales adecuadas,
respetuosas y concertadas con la comunidad.