Seviciosos
Seviciosos
La sevicia con que asesinan los narcoparamilitares demuestra que contrario a lo
planteado por sus justificadores, son asesinos instrumentos del estado
colombiano. 8.790 víctimas en 2 años y tres meses de gobierno de Uribe Vélez,
muestra su verdadera faz. Uribe pretende convertir los paras de instrumentos a
organizaciones dentro del establecimiento con su propuesta de partido de extrema
derecha narcofascista, escribe Allende La Paz.
17.05.2005 [Allende La Paz/ANNCOL/Colombia/www.anncol.org] Dice el
ideólogo de los narcoparamilitares, Alfredo Rangel Suárez, que Colombia no está
madura para el perdón (8 de abril de 2005), y días después nos quiere meter en
el cerebro y la mente de los colombianos que los narcoparamilitaress son
delincuentes políticos que han cometido el delito de sedición (16 de mayo de
2005), ambos artículos publicados no faltaba más!- por el diario vocero de la
mafia de la Casa de Nariño, El Tiempo.
En el primer artículo, además de lanzar una andanada contra la Corte Penal
Internacional (La CPI no es el irresistible y omnipotente ángel vengador que
nos pintan), nos quiere convencer de que si no perdonamos a los
narcoparamilitares, y el Congreso no aprueba una ley a su gusto, lo que se
viene es más sangre, y hasta se atreve a amenazar al gobierno: Las
consecuencias de una ruptura podrían ser más graves de lo que se piensa. Hasta
ahora los paramilitares han sido contrainsurgentes. Pero mañana, para presionar
una negociación en condiciones más favorables, podrían actuar como una fuerza
desestabilizadora y atacar violentamente instituciones y políticas del
Gobierno.
Cría cuervos, y
Perdón equivalente a impunidad
La negociación del gobierno narcofascista de Uribe con los narcoparamilitares
ha sido una tremenda farsa, un sainete. Es un arreglo entre compadres, es la
aplicación de lo que el general Uscátegui planteó en el juicio por la masacre de
Mapiripán: Hagámonos pasito, con lo cual quería mostrar el chantaje de que si
se ponían demasiado duros contra él en el juicio, él podría sacar a la luz el
entramado de las relaciones de la cúpula de las fuerzas militares con sus
narcoparamilitares y quedarían al descubierto los otros verdaderos responsables.
Ahora el hagámonos pasito es utilizado por Rangel Suárez para convencernos de
que los pobres narcoparamilitares pueden ser forzados a seguir asesinando si
no se aprueba una ley que les satisfaga, metiéndonos el embuchado de que los
'paras' son sediciosos que en su lucha contra el proyecto político-militar
insurgente impiden violentamente el normal funcionamiento de las instituciones.
Hay que clarificar que los paramilitares nacen más bien habría que hablar de su
refundación como proyecto político-militar- por allá en 1981 del contubernio
impúdico entre la cúpula de las fuerzas militares y el Cartel de Medellín, en el
Magdalena Medio bajo la tutoría del general Farouk Yanini Díaz hoy
multimillonario por obra y gracia de la concesión que el Estado le otorgó a él y
otros generales, de exploración petrolera, en premio por los miles de
colombianos que han asesinado-, con la participación de 163 personas -63
oficiales del ejército en servicio activo, representantes de la Texas Petroleum
Company y ganaderos y políticos de la región- y tal experimento lo extendieron a
todo el territorio nacional, incluso con la movilización y transporte de los
narcoparamilitares en aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, como
en el caso de Mapiripán.
El hoy presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es un miembro reconocido del
Cartel de Medellín de Don Pablo Escobar Gaviria primo hermano de César
Gaviria Trujillo, qué cosas tiene la vida, jerto?- y las negociaciones de
paz con los narcoparamilitares lo que pretende es perpetuar la impunidad de las
miles de miles de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas en
las cuales hacen uso de la motosierra- y los millones de desplazamientos
forzados, así como la legalización de las fortunas obtenidas por medio del
narcotráfico, la extorsión y la expoliación de las tierras de campesinos e
indígenas.
La concentración de los narcoparamilitares en la zona de Ralito -resguardada y
protegida por los militares- no ha significado el cese de hostilidades contra la
población civil, no ha significado una tregua. Por el contrario, al amparo de
Ralito los narcoparamilitares han sido llevados por los militares a diferentes
partes del país para cometer asesinatos y masacres. Ello ha sido patente, sobre
todo en la Costa Caribe.
En el año 2003, en Colombia fueron asesinadas 5.253 personas víctimas de
masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, 80 % de ellas
por las fuerzas narcoparamilitares, sin contar las ejecuciones societales
(mendigos, punkeros, bandas juveniles, etc).
En el 2.004, con cifras incompletas por la persecución a defensores de derechos
humanos y a poblaciones enteras, fueron asesinadas 2.500 personas en
desapariciones forzadas y masacres, faltándonos datos de ejecuciones
extrajudiciales.
En el 2.005, durante el primer trimestre, se produjeron 1.037 ejecuciones
extrajudiciales y nos faltan datos de masacres y desapariciones forzadas. O sea,
que durante este año las fuerzas militares-narcoparamilitares han privilegiado
hasta ahora- las ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas, líderes
populares, mujeres, niños y estudiantes.
En ese orden de ideas, se inscriben los intentos de ejecuciones de los
dirigentes del Partido Comunista del Atlántico, Julio Lamboglia García, profesor
jubilado de artes escénicas (queriendo asesinar hasta el arte popular) y del
presidente de la USO en Cartagena, Jorge Ortega, quien salió ileso de un
atentado cometido por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.
Sevicia Vs Sedición
Todos los crímenes llevados a cabo durante la administración de la mafia de la
Casa de Nariño más de 8.790 víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales y masacres en 2 años y tres meses de gobierno- están en la más
completa impunidad, como la están las de los anteriores gobiernos.
Lo que pretende el narcofascista Uribe Vélez es la más completa impunidad de los
crímenes de sus socios y evitar, con el hagámonos pasito que plantean los
ideólogos del narcoparamilitarismo, que se publiciten sus vínculos familiares y
personales con el narcoparamilitarismo, amén que será el caldo de cultivo para
el reciclaje y reutilización de sus socios narcoparamilitares en su proyecto de
Partido Narcofascista de extrema derecha, para convertirlos de un instrumento
del establecimiento a una organización dentro del establecimiento.
Impunidad que justifica Rangel Suárez cuando plantea en su Al oído del
Congreso del 16 de mayo de 2.005 hablándole a un Congreso con un 35 % de
parlamentarios electos por los narcoparamilitares, y una mayoría clientelista
comprada por la Casa de Nariño con nombramientos en el exterior y otras
prebendas- cuando nos dice: Habría que disminuir los niveles de castigo,
reducir las exigencias de verdad, aclarar la reparación y aumentar la seguridad
jurídica, metiéndonos de paso el embuchado de que la condición de todo esto es
reconocer que las conversaciones tienen el carácter de una negociación política
en aras de la paz, lo que a su vez exige reconocer el carácter político de los
paramilitares.
8.790 víctimas de los narcoparamilitares desvirtuan su carácter pretendidamente
sedicioso y lo que muestra es que todavía hoy son instrumentos utilizados por el
Estado colombiano, por la mafia de la Casa de Nariño, para que ejecuten a sus
contradictores políticos, a los dirigentes populares, y realicen masacres,
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas con asqueante sevicia, es
decir, son seviciosos que utilizan la motosierra y los sicarios en moto, con
el fin de lavar la faz inmunda del Narco-Terrorismo de Estado que se aplica en
Colombia.
Ya lo dejó al desnudo el pretendido comandante de los narcoparamilitares,
Salvatore Mancuso, en el discurso famoso que le escribieron para que leyera en
Santa Fé de Ralito: Hemos auxiliado al Estado en su lucha contra las
guerrillas. Nadie más que Mancuso ha develado que el conflicto político, social
y armado que vive Colombia es entre el Estado y la Insurgencia Armada, que se ha
convertido ésta en la única forma de hacer política de oposición en nuestro
país.
Acomodamiento de la ONU
La comunidad internacional, léase países europeos, y organismos internacionales
están sufriendo un peligroso proceso de acomodamiento y aceptación de los
postulados de los funcionarios estatales colombianos.
Embajadores pagados por Estados europeos- que justifican y avalan, por acción
y/u omisión, la política de guerra sucia y narcoparamilitarismo de Uribe Vélez,
así como pronunciamientos sin mayor evaluación por parte de funcionarios de la
ONU, son una muestra de esta tendencia.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour,
da declaraciones en su visita a Colombia, en el sentido de que:"Mi oficina no
entra a hacer una caracterización de los grupos armados ilegales. Si forman o no
un grupo político aceptable. Mis recomendaciones están dirigidas a la necesidad
de un cese de hostilidades de todos los que directamente participan de las
hostilidades", las cuales son utilizados mediáticamente por parte de los voceros
oficiosos de la mafia de la Casa de Nariño, El Tiempo, por ejemplo, para decir
que Para la oficina de Derechos Humanos de la ONU, no hay distinción entre
guerrilleros y paramilitares y soslayar la responsabilidad del estado
colombiano en las violaciones de los derechos humanos.
En materias tan sensibles como los Derechos Humanos, sería preciso que los
funcionarios internacionales encargados de tales oficinas, hicieran
pronunciamientos claros que no dejaran margen a la interpretación tendenciosa en
la que son expertos los funcionarios gubernamentales colombianos y sus voceros
de oficio.
Casi 10 mil colombianos víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales y masacres, en 2 años y tres meses del gobierno narcoparamilitar
de Uribe Vélez, exigen que los funcionarios encargados por los organismos
internacionales de velar por la defensa de los derechos humanos, sean claros en
condenar al Estado colombiano por sus violaciones y exigir la aceptación de su
responsabilidad y no convertirse en altavoces de los asesinos del pueblo
colombiano.
No quisiéramos ver a la ONU, ni a países europeos que respeto y quiero
muchísimo, convertidos en cómplices, por acción u omisión, de estos crímenes,
como lo han sido de los crímenes cometidos contra el pueblo de Irak por su
acomodamiento ante los postulados de Estados Unidos. 250.000 irakíes lo muestran
silenciosamente en sus tumbas, así como casi 10 mil colombianos
La sevicia con que asesinan los narcoparamilitares demuestra que contrario a lo
planteado por sus justificadores, son asesinos instrumentos del estado
colombiano. 8.790 víctimas en 2 años y tres meses de gobierno de Uribe Vélez,
muestra su verdadera faz. Uribe pretende convertir los paras de instrumentos a
organizaciones dentro del establecimiento con su propuesta de partido de extrema
derecha narcofascista, escribe Allende La Paz.
17.05.2005 [Allende La Paz/ANNCOL/Colombia/www.anncol.org] Dice el
ideólogo de los narcoparamilitares, Alfredo Rangel Suárez, que Colombia no está
madura para el perdón (8 de abril de 2005), y días después nos quiere meter en
el cerebro y la mente de los colombianos que los narcoparamilitaress son
delincuentes políticos que han cometido el delito de sedición (16 de mayo de
2005), ambos artículos publicados no faltaba más!- por el diario vocero de la
mafia de la Casa de Nariño, El Tiempo.
En el primer artículo, además de lanzar una andanada contra la Corte Penal
Internacional (La CPI no es el irresistible y omnipotente ángel vengador que
nos pintan), nos quiere convencer de que si no perdonamos a los
narcoparamilitares, y el Congreso no aprueba una ley a su gusto, lo que se
viene es más sangre, y hasta se atreve a amenazar al gobierno: Las
consecuencias de una ruptura podrían ser más graves de lo que se piensa. Hasta
ahora los paramilitares han sido contrainsurgentes. Pero mañana, para presionar
una negociación en condiciones más favorables, podrían actuar como una fuerza
desestabilizadora y atacar violentamente instituciones y políticas del
Gobierno.
Cría cuervos, y
Perdón equivalente a impunidad
La negociación del gobierno narcofascista de Uribe con los narcoparamilitares
ha sido una tremenda farsa, un sainete. Es un arreglo entre compadres, es la
aplicación de lo que el general Uscátegui planteó en el juicio por la masacre de
Mapiripán: Hagámonos pasito, con lo cual quería mostrar el chantaje de que si
se ponían demasiado duros contra él en el juicio, él podría sacar a la luz el
entramado de las relaciones de la cúpula de las fuerzas militares con sus
narcoparamilitares y quedarían al descubierto los otros verdaderos responsables.
Ahora el hagámonos pasito es utilizado por Rangel Suárez para convencernos de
que los pobres narcoparamilitares pueden ser forzados a seguir asesinando si
no se aprueba una ley que les satisfaga, metiéndonos el embuchado de que los
'paras' son sediciosos que en su lucha contra el proyecto político-militar
insurgente impiden violentamente el normal funcionamiento de las instituciones.
Hay que clarificar que los paramilitares nacen más bien habría que hablar de su
refundación como proyecto político-militar- por allá en 1981 del contubernio
impúdico entre la cúpula de las fuerzas militares y el Cartel de Medellín, en el
Magdalena Medio bajo la tutoría del general Farouk Yanini Díaz hoy
multimillonario por obra y gracia de la concesión que el Estado le otorgó a él y
otros generales, de exploración petrolera, en premio por los miles de
colombianos que han asesinado-, con la participación de 163 personas -63
oficiales del ejército en servicio activo, representantes de la Texas Petroleum
Company y ganaderos y políticos de la región- y tal experimento lo extendieron a
todo el territorio nacional, incluso con la movilización y transporte de los
narcoparamilitares en aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana, como
en el caso de Mapiripán.
El hoy presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es un miembro reconocido del
Cartel de Medellín de Don Pablo Escobar Gaviria primo hermano de César
Gaviria Trujillo, qué cosas tiene la vida, jerto?- y las negociaciones de
paz con los narcoparamilitares lo que pretende es perpetuar la impunidad de las
miles de miles de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas en
las cuales hacen uso de la motosierra- y los millones de desplazamientos
forzados, así como la legalización de las fortunas obtenidas por medio del
narcotráfico, la extorsión y la expoliación de las tierras de campesinos e
indígenas.
La concentración de los narcoparamilitares en la zona de Ralito -resguardada y
protegida por los militares- no ha significado el cese de hostilidades contra la
población civil, no ha significado una tregua. Por el contrario, al amparo de
Ralito los narcoparamilitares han sido llevados por los militares a diferentes
partes del país para cometer asesinatos y masacres. Ello ha sido patente, sobre
todo en la Costa Caribe.
En el año 2003, en Colombia fueron asesinadas 5.253 personas víctimas de
masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, 80 % de ellas
por las fuerzas narcoparamilitares, sin contar las ejecuciones societales
(mendigos, punkeros, bandas juveniles, etc).
En el 2.004, con cifras incompletas por la persecución a defensores de derechos
humanos y a poblaciones enteras, fueron asesinadas 2.500 personas en
desapariciones forzadas y masacres, faltándonos datos de ejecuciones
extrajudiciales.
En el 2.005, durante el primer trimestre, se produjeron 1.037 ejecuciones
extrajudiciales y nos faltan datos de masacres y desapariciones forzadas. O sea,
que durante este año las fuerzas militares-narcoparamilitares han privilegiado
hasta ahora- las ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas, líderes
populares, mujeres, niños y estudiantes.
En ese orden de ideas, se inscriben los intentos de ejecuciones de los
dirigentes del Partido Comunista del Atlántico, Julio Lamboglia García, profesor
jubilado de artes escénicas (queriendo asesinar hasta el arte popular) y del
presidente de la USO en Cartagena, Jorge Ortega, quien salió ileso de un
atentado cometido por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.
Sevicia Vs Sedición
Todos los crímenes llevados a cabo durante la administración de la mafia de la
Casa de Nariño más de 8.790 víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales y masacres en 2 años y tres meses de gobierno- están en la más
completa impunidad, como la están las de los anteriores gobiernos.
Lo que pretende el narcofascista Uribe Vélez es la más completa impunidad de los
crímenes de sus socios y evitar, con el hagámonos pasito que plantean los
ideólogos del narcoparamilitarismo, que se publiciten sus vínculos familiares y
personales con el narcoparamilitarismo, amén que será el caldo de cultivo para
el reciclaje y reutilización de sus socios narcoparamilitares en su proyecto de
Partido Narcofascista de extrema derecha, para convertirlos de un instrumento
del establecimiento a una organización dentro del establecimiento.
Impunidad que justifica Rangel Suárez cuando plantea en su Al oído del
Congreso del 16 de mayo de 2.005 hablándole a un Congreso con un 35 % de
parlamentarios electos por los narcoparamilitares, y una mayoría clientelista
comprada por la Casa de Nariño con nombramientos en el exterior y otras
prebendas- cuando nos dice: Habría que disminuir los niveles de castigo,
reducir las exigencias de verdad, aclarar la reparación y aumentar la seguridad
jurídica, metiéndonos de paso el embuchado de que la condición de todo esto es
reconocer que las conversaciones tienen el carácter de una negociación política
en aras de la paz, lo que a su vez exige reconocer el carácter político de los
paramilitares.
8.790 víctimas de los narcoparamilitares desvirtuan su carácter pretendidamente
sedicioso y lo que muestra es que todavía hoy son instrumentos utilizados por el
Estado colombiano, por la mafia de la Casa de Nariño, para que ejecuten a sus
contradictores políticos, a los dirigentes populares, y realicen masacres,
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas con asqueante sevicia, es
decir, son seviciosos que utilizan la motosierra y los sicarios en moto, con
el fin de lavar la faz inmunda del Narco-Terrorismo de Estado que se aplica en
Colombia.
Ya lo dejó al desnudo el pretendido comandante de los narcoparamilitares,
Salvatore Mancuso, en el discurso famoso que le escribieron para que leyera en
Santa Fé de Ralito: Hemos auxiliado al Estado en su lucha contra las
guerrillas. Nadie más que Mancuso ha develado que el conflicto político, social
y armado que vive Colombia es entre el Estado y la Insurgencia Armada, que se ha
convertido ésta en la única forma de hacer política de oposición en nuestro
país.
Acomodamiento de la ONU
La comunidad internacional, léase países europeos, y organismos internacionales
están sufriendo un peligroso proceso de acomodamiento y aceptación de los
postulados de los funcionarios estatales colombianos.
Embajadores pagados por Estados europeos- que justifican y avalan, por acción
y/u omisión, la política de guerra sucia y narcoparamilitarismo de Uribe Vélez,
así como pronunciamientos sin mayor evaluación por parte de funcionarios de la
ONU, son una muestra de esta tendencia.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour,
da declaraciones en su visita a Colombia, en el sentido de que:"Mi oficina no
entra a hacer una caracterización de los grupos armados ilegales. Si forman o no
un grupo político aceptable. Mis recomendaciones están dirigidas a la necesidad
de un cese de hostilidades de todos los que directamente participan de las
hostilidades", las cuales son utilizados mediáticamente por parte de los voceros
oficiosos de la mafia de la Casa de Nariño, El Tiempo, por ejemplo, para decir
que Para la oficina de Derechos Humanos de la ONU, no hay distinción entre
guerrilleros y paramilitares y soslayar la responsabilidad del estado
colombiano en las violaciones de los derechos humanos.
En materias tan sensibles como los Derechos Humanos, sería preciso que los
funcionarios internacionales encargados de tales oficinas, hicieran
pronunciamientos claros que no dejaran margen a la interpretación tendenciosa en
la que son expertos los funcionarios gubernamentales colombianos y sus voceros
de oficio.
Casi 10 mil colombianos víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales y masacres, en 2 años y tres meses del gobierno narcoparamilitar
de Uribe Vélez, exigen que los funcionarios encargados por los organismos
internacionales de velar por la defensa de los derechos humanos, sean claros en
condenar al Estado colombiano por sus violaciones y exigir la aceptación de su
responsabilidad y no convertirse en altavoces de los asesinos del pueblo
colombiano.
No quisiéramos ver a la ONU, ni a países europeos que respeto y quiero
muchísimo, convertidos en cómplices, por acción u omisión, de estos crímenes,
como lo han sido de los crímenes cometidos contra el pueblo de Irak por su
acomodamiento ante los postulados de Estados Unidos. 250.000 irakíes lo muestran
silenciosamente en sus tumbas, así como casi 10 mil colombianos
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