Estudiantes, funcionarios y vecinos acusan falsa versión policial

Conflictos

Estudiantes, funcionarios y vecinos acusan falsa versión policial

El 13 de octubre, en medio de una protesta anti APEC, resultó herido a bala y detenido un manifestante. El Consejo General de Representantes, organización estudiantil de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, convocó a una conferencia de prensa en la que criticó el violento actuar de Carabineros y la falsa versión difundida por el gobierno y la prensa.
Pedro Ferrer, vecino y testigo de los hechos, relató que el carabinero en motocicleta -que se encontraba desviando el tránsito-, al ver a los jóvenes encapuchados huyó y abandonó su vehículo. Luego de unos minutos, junto a otro, volvió con su arma disparando sin tomar en cuenta a transeúntes y estudiantes que podrían haber sido heridos o muertos.
Los estudiantes, con el apoyo de la Asociación de Funcionarios, señalaron: "Estos hechos no son nuevos. Son parte de su regular proceder que ha ido en una escalada. Los disparos de bombas lacrimógenas al cuerpo de los estudiantes, funcionarios y académicos; el ingreso al Campus por parte de las FF.EE. con inusitada violencia y arbitrariedad a la hora de tomar detenidos; los maltratos a estudiantes detenidos y los montajes con que se les intenta inculpar en las comisarías, son su normal actuar frente a las protestas".
En la conferencia se señaló que se ha interpuesto dos recursos de amparo. Uno en octubre de 2003, luego de que resultaran varios académicos heridos, ocasión en la cual también Carabineros hizo uso de armas de fuego, y otro en abril de 2004. Ya en esas fechas se advirtió del aumento de la violencia, planteando claramente que se ponía en riesgo la vida de quienes componen la comunidad universitaria. "Desgraciadamente, la Universidad no ha respaldado dichas acciones legales prefiriendo reunirse con las máximas autoridades de Carabineros para acordar ‘un plan de acción’. Carabineros se comprometió a tomar medidas para controlar el actuar policial. Acordaron que ante protestas, se acordonaría la zona y se retiraría a una distancia prudente para evitar enfrentamientos. Los nulos efectos de este acuerdo están a la vista: lejos de disminuir, la violencia ha aumentado. Esto da cuenta de que el actuar policial está coordinado desde el ministerio de Interior, y no se trata de exabruptos individuales".
Respecto a lo ocurrido, los estudiantes declaran que las versiones dadas por la policía y la prensa son falsas. "Todo sucedió a escasos 50 metros de la puerta de nuestra Facultad, por lo que numerosos estudiantes fueron testigos. Para evitar cualquier acusación de parcialidad, le hemos pedido a vecinos del sector que corroboren lo siguiente: el carabinero que disparó no lo hizo en defensa propia. El motorista se encontraba cortando el tránsito de la calzada norte de Av. Grecia. Cerca de las 13:45 salieron de esta Facultad un grupo de jóvenes con sus rostros cubiertos. Al ver que se acercaban, el policía huyó dejando abandonada su moto. Poco después volvió montado junto a otro motorista, trayendo su arma desenfundada y haciendo 7 u 8 disparos al aire, primero, y al cuerpo de los manifestantes, después. Su vida no corría peligro, prueba de ello es que volvió al lugar de los hechos. El herido fue pateado en el suelo antes de subirlo a un vehículo policial donde se le retuvo por cerca de media hora sin ser traslado a la Posta".
Los estudiantes, funcionarios y vecinos rechazaron el actuar de la policía: "Las declaraciones de prensa dadas por la oficialidad de Carabineros y el gobierno son un intento de criminalizar los movimientos sociales y toda forma de protesta. Quien resultó herido no era de nuestra Facultad, pero el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros, un académico, un transeúnte. Vemos con mucha preocupación el escenario de las próximas semanas: ¿la intención por parte del gobierno de dar una imagen de ‘paz social’, al acercarse la APEC, se construirá a punta de balas?".
Sigue paro en las Inspecciones del Trabajo

El paro de los funcionarios de las Inspecciones del Trabajo continúa sin solución y sus dirigentes afirman que el gobierno es completamente responsable de las consecuencias administrativas provocadas. Miles de obreros se han visto impedidos de denunciar a sus empleadores, los que han aprovechado la oportunidad para explotarlos aun más. La solución al conflicto es un contrato de trabajo de planta, el mejoramiento de los sueldos, indemnizaciones por el daño previsional y el término de las condiciones de precariedad laboral de los funcionarios.
La dirigenta Orietta Fuenzalida señala: "Hasta ahora el gobierno nos ha ofrecido una propuesta bastante indecente. Estamos pidiendo equidad remuneracional con los demás servicios fiscalizadores a cambio de lo cual nos ofrecen un incentivo ligado al desempeño, es decir, a metas y productividad. Vamos a tener que estar sometidos y es exiguo. Nosotros decimos que tenemos una brecha de por lo menos un 18% de diferencia con los demás servicios fiscalizadores, y el gobierno -hasta ahora- ofrece cifras que van entre el 2 y el 4%. Hay más plata pero están tratando de desgastarnos para que aceptemos, además, un esquema en que la estabilidad la plantean en términos espurios. En el proyecto de ley consensuado con el gobierno se establece estabilidad pero sobre la base de una nueva planta que dé cuenta de la modernización del servicio. La fórmula que nos están ofreciendo es hacer legales procedimientos administrativos que nos han parecido absolutamente reñidos con la ética y la probidad. Eso es lo que quieren que aceptemos y lleguemos a un acuerdo. Nosotros no estamos por aceptar eso. Es una fórmula aborrecida por los funcionarios y, además, la nivelación para nosotros no estaría presente. Nos están diciendo: ‘trabajen más, cumplan metas’. Nosotros ya cumplimos con este gobierno y con el Estado, y lo que esperamos es una recompensa porque fuimos sistemáticamente excluidos de todas las leyes que establecieron beneficios a los demás servicios fiscalizadores durante el gobierno de la Concertación".

Prácticas antisindicales en Osku S.A.

Los trabajadores de la empresa Productos Químicos y Alimenticios Osku S.A. -ubicada en El Guanaco 5212, Huechuraba-, denuncian prácticas antisindicales, amenazas e intimidaciones realizadas por los ejecutivos de la empresa, el gerente general Fernando Ostornol Almarza, y los directivos Héctor Fernández, José Valencia y Fernando Fernández. Según los obreros, hace algunos meses la empresa "ha implementado por vía de la amenaza presiones e incentivos indebidos, un cambio unilateral de jornada de trabajo con el objeto de establecer un sistema de turnos rotativos", lo que los perjudica. Osku S.A. se ha negado a conversar con el sindicato y los trabajadores pues saben que los trabajadores se han dado cuenta del impacto que provocará este cambio de jornada de trabajo en las remuneraciones y, por ende, en su grupo familiar.
La última negociación colectiva se efectuó a fines de 2003. Los empresarios insistieron ante la petición de aumento de remuneraciones que el alza se reflejaría "al momento de discutir y acordar en conjunto con los trabajadores el cambio de jornada de trabajo", recuerdan los trabajadores.
Hoy, la empresa desconoce sus propias palabras. "Se ha impedido trabajar a todos quienes no han aceptado este cambio unilateral de la jornada de trabajo. Esto constituye una nueva presión para firmar la nueva jornada de trabajo, por cuanto los trabajadores no percibirán el bono de producción pactado, con lo cual sus remuneraciones se verán afectadas considerablemente. Lo anterior tiene una vital importancia para todos los trabajadores del país, cuando frente a la disminución de la jornada de trabajo de 48 a 45 horas impuesta por la Ley Nº19.759, vemos que los patrones siguen infringiendo la ley y presionando mediante la amenaza a aceptar estos cambios en la jornada de trabajo, sobre todo cuando implican una rebaja de remuneraciones".
Osku S.A. se ha aprovechado de la paralización de los trabajadores de la Dirección del Trabajo para seguir con sus prácticas antisindicales: "desde ya solidarizamos con ellos, por cuanto Osku S.A. sabe que cualquier denuncia en estos momentos importa hacer ilusorios los derechos de los trabajadores afectados, ya que difícilmente se realizará una fiscalización para sancionarla".
Los trabajadores hacen un llamado a la solidaridad de clase y señalan: "no hemos aceptado este abuso patronal y llamamos a denunciar ante la opinión pública, medios de comunicación, autoridades y organizaciones de trabajadores nuestra situación: [e-mail]"

Liceo 7 de hombres en paro

Los estudiantes del Liceo Nº7 de Ñuñoa se encuentran en paro desde hace varios días. El lunes 18 de octubre los secundarios realizaron una marcha por las calles de la comuna de Ñuñoa que se inició en la intersección de desde Irarrázaval y Carmen Cobarrubias. El objetivo era "repudiar las injusticias que se cometen dentro del Liceo pasando a llevar los derechos de todos los alumnos así como también el respeto y el diálogo". Según los estudiantes, las autoridades del Liceo han expulsado alumnos y se niegan a escucharlos. "Es completamente legítimo el manifestarse por la expulsión de alumnos por el sólo hecho de alzar la voz. Estas son prácticas propias de la dictadura, violando nuestros derechos como persona. La educación no es sólo entregar datos y contenidos para una PSU, sino también conocimientos generales, cosas humanas, valores y principios, cultura, etc., por esto consideramos que el desarrollo de este Liceo se distancia de esta concepción de educación", señala la Coordinadora de Estudiantes Zona Oriente (CEZO).

Sigue movilización de estibadores

Los trabajadores marítimo portuarios siguen movilizados luego de la paralización de la semana pasada. El bloqueo del puerto de San Vicente significó que la Cámara Marítima Portuaria, que representa al empresariado y al gobierno, reaccionara manifestando su preocupación. La paralización de los puertos fue para manifestar repudio a la agresión sufrida por el dirigente Jorge Silva Berón en Iquique. "Pero hay otros problemas y mucha tensión sin que se vea a nadie que afloje algo la válvula. Por el contrario, los empresarios se atrincheraron tras el gobierno y éste se niega a discutir nuestra propuesta, aunque se lo estamos pidiendo desde julio", plantea Dante Campana, presidente del Sindicato Profesional de Estibadores de San Vicente, entrevistado por El Sur.
En Iquique el conflicto se desencadenó tras la negativa del gobierno a discutir un acuerdo marco para los contratos. Tras las movilizaciones otros puertos anunciaron que no atenderían a los barcos desviados desde Iquique. Sindicalistas extranjeros también anunciaron un boicot a los barcos chilenos. Los empresarios navieros y pesqueros exigen que el gobierno ponga orden. Incluso se vieron obligados a publicar una inserción en los diarios.
"Tenemos una negociación difícil en Iquique, que es la primera de un nuevo ciclo que comenzó en todo el país. Luego hay problemas específicos de algunos puertos, por ejemplo, Talcahuano donde, a partir de un anuncio de licitación, se paralizó el terminal como unidad productiva: las empresas retiraron sus cargas y los operarios se quedaron sin trabajo y sin poder optar a un plan de ayuda social. Hay terminales como Chañaral que enfrentan problemas particulares también. Cada puerto tiene su propio calvario, que muchas veces no tiene relación con el empleador, sino con las instalaciones, la falta de inversión, capacitación, fiscalización; temas que apuntan más bien a gestión del gobierno", explica. En Huasco, trabajadores de 17 puertos elaboraron -en julio- una propuesta nacional que enviaron al Presidente de la República, pero hasta ahora no hay respuesta a sus demandas.

Confenats paralizó en defensa de la Salud

La inmensa mayoría de los integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (Confenats) participaron de la Consulta Nacional aprobando el paro realizado este 19 de octubre. Rechazan las políticas privatizadoras impulsadas por el gobierno mediante la licitación de los hospitales públicos, la represión de las autoridades de Salud en contra de los trabajadores y la exigua propuesta de "Asignación de Turno". Se movilizaron, entre otras razones, para defender sus puestos de trabajo que se verán amenazados por la entrega a privados de algunas funciones. Los "apoyos clínicos" serán traspasados a entidades externas. "El gobierno tienta a la empresa privada para que asuma la Salud Pública como un negocio más", señalan en una declaración pública.
Según la Confenats, los miles de funcionarios que laboran en sistemas de turno ven con preocupación cómo sus remuneraciones se verán disminuidas "al terminar con el pago de las horas extraordinaria para reemplazarlas por una ‘Asignación de Turno’, cuya propuesta del gobierno está lejos de representar el real esfuerzo y valor que tiene el trabajo al interior de los hospitales públicos mediante el sistema de turno". Además, esto se ve agravado por la intolerancia de las autoridades que responden a las legítimas aspiraciones y reclamos "haciendo caer sobre éstos y su organización todo el peso de la ley mediante la aplicación de sanciones administrativas, términos de contratos y destitución de funcionarios y dirigentes, como es el caso de los reciente hechos ocurridos en el Instituto Neurocirugía, en el cual han sido despedidos 14 trabajadores, incluidos dos dirigentes de nuestra organización".
Mariano Peña, el líder de los huelguistas de hambre de Neurocirugía, señala: "Fui destituido y exonerado. Hay 10 compañeros a contrata que fueron despedidos por participar del paro y la huelga. Otros 4, destituidos. Todos por orden del ministro Pedro García. Dos dirigentes, Germán Rodríguez y Arturo Contreras, presidentes de base de la Fenats, también están destituidos a pesar de tener fuero sindical. Aplicaron, según ellos, las faltas de 3 y 25 días en el sumario administrativo. Es un sumario viciado pero la autoridad hace y deshace. A otros les descontarán el 50% de sus sueldos. Además, a fin de año con la Ley Sanitaria muchos serán despedidos. Eso es lo que pasa en Neurocirugía, hay exonerados en democracia y el tirano Jaime Lavados sigue de Director".
La marcha de los trabajadores de la Salud partió desde la Posta Central hasta la Plaza Los Héroes en completa tranquilidad. Destacaron los lienzos de las Fenats del Sótero del Río, San José, Roberto del Río, Posta Central, Exequiel González, Barros Luco, y otros servicios. Jorge Araya, presidente de la Confenats, señaló: "Vemos bien el paro, estamos conformes. Esperamos que siga aumentando la cifra de adhesión más allá de las amenazas de despidos y descuentos y de las presiones del gobierno. Estamos demostrando que éste es un gremio vigente y capaz de defender los derechos de trabajadores y de todos los usuarios. La adhesión es sobre un 70%".