BOLIVIA
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NUEVO CONFLICTO PARA EL GOBIERNO
- Dos de las principales organizaciones campesinas bolivianas le declararon una guerra virtual al gobierno de Carlos Mesa a raíz de la detención de un dirigente al que se acusa de participar en un linchamiento. El Movimiento de Campesinos sin Tierra y la Confederación Sindical Campesina, condenaron conjuntamente la detención de Gabriel Pinto. El gobierno lo acusa de participar en el linchamiento del alcalde de la localidad Ayo Ayo, Benjamín Altamirano. Este fue ejecutado por la comunidad que lo acusaba de corrupto el pasado 14 de junio. Las dos organizaciones emitieron una declaración que establece, entre otros puntos, el siguiente: "declaramos la guerra total al Gobierno, a la impunidad, la injusticia, la imposición, la incomprensión y, como en toda guerra, nos prepararemos para ello, no sólo con ideas sino con palos y piedras". También denunciaron el propósito de criminalizar las protestas sociales. Convocaron a los campesinos de todo el país a tomar los latifundios, símbolos de la opresión política y económica. De esta forma se rompe, además, el acuerdo que se había logrado días antes entre el gobierno y el MST. Pinto se encuentra detenido en La Paz acusado de asesinato, secuestro, sedición y apología del delito. Él, por su parte, afirma que es inocente y que el día del linchamiento se encontraba en otra localidad, Viacha, lejana de Ayo Ayo. La convocatoria a protestas tuvo ya los primeros ecos. Campesinos aymaras incendiaron y saquearon una hacienda en el Altiplano de Bolivia, la cual es propiedad de un familiar del derrocado presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ángel Durán, del Movimiento de los Sin Tierra dijo que la toma del fundo, "es una mezcla de rabia contenida por la detención de nuestro dirigente y por el fallo judicial".
NUEVO CONFLICTO PARA EL GOBIERNO
- Dos de las principales organizaciones campesinas bolivianas le declararon una guerra virtual al gobierno de Carlos Mesa a raíz de la detención de un dirigente al que se acusa de participar en un linchamiento. El Movimiento de Campesinos sin Tierra y la Confederación Sindical Campesina, condenaron conjuntamente la detención de Gabriel Pinto. El gobierno lo acusa de participar en el linchamiento del alcalde de la localidad Ayo Ayo, Benjamín Altamirano. Este fue ejecutado por la comunidad que lo acusaba de corrupto el pasado 14 de junio. Las dos organizaciones emitieron una declaración que establece, entre otros puntos, el siguiente: "declaramos la guerra total al Gobierno, a la impunidad, la injusticia, la imposición, la incomprensión y, como en toda guerra, nos prepararemos para ello, no sólo con ideas sino con palos y piedras". También denunciaron el propósito de criminalizar las protestas sociales. Convocaron a los campesinos de todo el país a tomar los latifundios, símbolos de la opresión política y económica. De esta forma se rompe, además, el acuerdo que se había logrado días antes entre el gobierno y el MST. Pinto se encuentra detenido en La Paz acusado de asesinato, secuestro, sedición y apología del delito. Él, por su parte, afirma que es inocente y que el día del linchamiento se encontraba en otra localidad, Viacha, lejana de Ayo Ayo. La convocatoria a protestas tuvo ya los primeros ecos. Campesinos aymaras incendiaron y saquearon una hacienda en el Altiplano de Bolivia, la cual es propiedad de un familiar del derrocado presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Ángel Durán, del Movimiento de los Sin Tierra dijo que la toma del fundo, "es una mezcla de rabia contenida por la detención de nuestro dirigente y por el fallo judicial".
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