El bocón de Santos mintió
El bocón de Santos mintió
Al asegurar que los sindicalistas y líderes históricos de Arauca, Héctor Alirio
Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, asesinados por el Ejército
colombiano, eran guerrilleros del ELN. Los tres gozaban de medidas cautelares de
protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH. En
ese coro de embusteros sobresalen con lujo de detalles el ministro de Defensa y
el comandante de las Fuerzas Militares, escribe Mauricio Ramírez.
07.09.2004 [Mauricio Ramírez*] Se confirma lo que ya sabíamos: Que el
vicepresidente Francisco Santos mentía al asegurar que los sindicalistas eran
guerrilleros del ELN.
Que el Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe Echavarría, mentía al justificar
la acción diciendo que: primero, eran delincuentes; segundo, que fue en combate
con la fuerza pública; tercero, que estaban armados; cuarto, que tenían orden de
captura.
Que el comandante de las Fuerzas Militares, Carlos Alberto Ospina, mentía al
decir a través de los medios, que los sindicalistas dispararon a la tropa y que
tenían en su poder tacos de dinamita.
Francisco Santos, vicepresidente de la República de Colombia es el responsable
de la política de Derechos Humanos del actual gobierno, situación que deja al
descubierto que la carreta de los derechos humanos y de la promocionada
seguridad democrática no es más que la combinación de fuerzas jurídicas y
políticas utilizadas por el Estado para acallar a todo lo que huela a oposición.
Ya lo habían hecho con la Unión Patriótica y el Partido Comunista, lo pretenden
hacer con el Polo Democrático y lo están haciendo contra los sindicalistas y
defensores de derechos humanos.
El comandante de las Fuerzas Militares quien a su vez recibe órdenes del
Presidente y éste a su vez del Pentágono, son los responsables de la operación
donde fueron fusilados los sindicalistas. No hubo que esperar a que la Fiscalía
averiguara qué había ocurrido por que a las pocas horas de los hechos, los
funcionarios aludidos, aseguraban al país y al mundo que se trataba de un
enfrentamiento entre delincuentes del ELN y las fuerzas armadas encargadas de la
seguridad democrática.
En otras democracias estos personajes ya habían dimitido, pero en Colombia esto
no va a suceder, ya escucharemos a los mismos diciendo que respetan la decisión
de la fiscalía aunque no la compartan y que aún no es una decisión de fondo y
que habrá que esperar hasta que la investigación termine, para tener certeza de
la responsabilidad que se imputa.
Colombia y el mundo deben rechazar la mal llamada seguridad democrática, por que
con ella han aumentado las ejecuciones sumarias y ha empeorado la ya crítica
situación de derechos humanos en el país.
La matanza de sindicalistas y defensores de derechos humanos, el exilio y
desplazamiento obligado de miles de compatriotas, la información mediática,
tendenciosa y mal intencionada en donde se señala y se condena a los opositores
sin la correspondiente decisión judicial, son políticas de Estado diseñadas,
para prolongar la guerra y la permanencia en el poder de una élite representada
en la violencia, el narcotráfico y la corrupción y son entre otros aspectos, el
vehículo que transporta los principios rectores de la política actual.
Una vez más presenciamos, leemos y escuchamos con asombro cómo a los mentirosos
compulsivos del establecimiento, se les deja al descubierto sin que la situación
cambie y por el contrario algunos gobiernos cooperen con el régimen
cuasi-facista que transita en Colombia.
*Mauricio Ramírez, Defensor de Derechos Humanos en el exilio.
Al asegurar que los sindicalistas y líderes históricos de Arauca, Héctor Alirio
Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, asesinados por el Ejército
colombiano, eran guerrilleros del ELN. Los tres gozaban de medidas cautelares de
protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH. En
ese coro de embusteros sobresalen con lujo de detalles el ministro de Defensa y
el comandante de las Fuerzas Militares, escribe Mauricio Ramírez.
07.09.2004 [Mauricio Ramírez*] Se confirma lo que ya sabíamos: Que el
vicepresidente Francisco Santos mentía al asegurar que los sindicalistas eran
guerrilleros del ELN.
Que el Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe Echavarría, mentía al justificar
la acción diciendo que: primero, eran delincuentes; segundo, que fue en combate
con la fuerza pública; tercero, que estaban armados; cuarto, que tenían orden de
captura.
Que el comandante de las Fuerzas Militares, Carlos Alberto Ospina, mentía al
decir a través de los medios, que los sindicalistas dispararon a la tropa y que
tenían en su poder tacos de dinamita.
Francisco Santos, vicepresidente de la República de Colombia es el responsable
de la política de Derechos Humanos del actual gobierno, situación que deja al
descubierto que la carreta de los derechos humanos y de la promocionada
seguridad democrática no es más que la combinación de fuerzas jurídicas y
políticas utilizadas por el Estado para acallar a todo lo que huela a oposición.
Ya lo habían hecho con la Unión Patriótica y el Partido Comunista, lo pretenden
hacer con el Polo Democrático y lo están haciendo contra los sindicalistas y
defensores de derechos humanos.
El comandante de las Fuerzas Militares quien a su vez recibe órdenes del
Presidente y éste a su vez del Pentágono, son los responsables de la operación
donde fueron fusilados los sindicalistas. No hubo que esperar a que la Fiscalía
averiguara qué había ocurrido por que a las pocas horas de los hechos, los
funcionarios aludidos, aseguraban al país y al mundo que se trataba de un
enfrentamiento entre delincuentes del ELN y las fuerzas armadas encargadas de la
seguridad democrática.
En otras democracias estos personajes ya habían dimitido, pero en Colombia esto
no va a suceder, ya escucharemos a los mismos diciendo que respetan la decisión
de la fiscalía aunque no la compartan y que aún no es una decisión de fondo y
que habrá que esperar hasta que la investigación termine, para tener certeza de
la responsabilidad que se imputa.
Colombia y el mundo deben rechazar la mal llamada seguridad democrática, por que
con ella han aumentado las ejecuciones sumarias y ha empeorado la ya crítica
situación de derechos humanos en el país.
La matanza de sindicalistas y defensores de derechos humanos, el exilio y
desplazamiento obligado de miles de compatriotas, la información mediática,
tendenciosa y mal intencionada en donde se señala y se condena a los opositores
sin la correspondiente decisión judicial, son políticas de Estado diseñadas,
para prolongar la guerra y la permanencia en el poder de una élite representada
en la violencia, el narcotráfico y la corrupción y son entre otros aspectos, el
vehículo que transporta los principios rectores de la política actual.
Una vez más presenciamos, leemos y escuchamos con asombro cómo a los mentirosos
compulsivos del establecimiento, se les deja al descubierto sin que la situación
cambie y por el contrario algunos gobiernos cooperen con el régimen
cuasi-facista que transita en Colombia.
*Mauricio Ramírez, Defensor de Derechos Humanos en el exilio.
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